La Fiscalía, al parecer, está ‘dando palos de ciego’ en la investigación del presunto femicidio de la subteniente Aidita Ati, quien fue encontrada sin vida el 29 de junio, en su dormitorio dentro del Fuerte Militar Napo, provincia de Orellana.

Así lo considera Paúl Vergara, abogado de uno de los seis militares procesados por el delito. Según el jurista, el Ministerio Público cometió errores que podría llevar a que el caso se caiga y que quede en la impunidad.

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En un inicio, la Fiscalía llamó a rendir versión a 18 oficiales que participaron en una fiesta clandestina en la que también estuvo la víctima. Luego de eso señalaron a dos mayores, un teniente y un subteniente, como sospechosos del crimen. El último es el defendido de Vergara.

Durante la instrucción fiscal, las autoridades solicitaron que les hicieran pruebas de ADN a los implicados para cotejarlos con restos biológicos que encontraron en el cuerpo de la víctima.

Mientras esperaban los resultados, la semana pasada vincularon a dos oficiales más al proceso investigativo y la instrucción fiscal se extendió por 30 días más.

Según información a la que tuvo acceso EXTRA, las conclusiones de las pruebas indican que el ADN de los implicados no corresponden a las muestras que encontraron en el cadáver.

El viernes pasado, la Fiscalía solicitó que tomen las muestras de ADN de 41 militares más: 4 tenientes coroneles, 1 mayor, 27 capitanes, 8 tenientes, 1 cabo. Estos, según Vergara, viven en las villas alrededor del dormitorio en el que encontraron muerta a la subteniente.

Nathalya Salazar, abogada experta en temas penales, señaló que las pericias genéticas que solicitó la Fiscalía sería para agotar los recursos que tienen para satisfacer una reparación integral de la víctima. Lo que le parece extraño e incongruente es que se lo haya hecho luego de vincular a los dos oficiales al proceso investigativo.

Vergara indicó que dentro de los 41 periciados, la Fiscalía debería encontrar un nexo causal. Es decir, el sospechoso que tenga algo que ver con el crimen de Aidita Ati. Aunque enfatizó que la Fiscalía debía pedir esto desde un inicio de la instrucción fiscal.

Salazar aclaró que de no existir los elementos de convicción suficientes para llegar a una etapa evaluatoria y preparatoria de juicio se dicta un dictamen abstentivo.

Este se eleva a consulta del fiscal provincial quien, si lo admite, a su vez pasa a conocimiento del juez de la unidad judicial penal, quien dicta el sobreseimiento de los implicados y se archiva la causa.

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