Pasadas las 10:00 de este domingo 13 de abril ya se conoció sobre los primeros sancionados por el uso de celular durante el proceso de sufragio. Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) informó en cadena nacional que 17 personas fueron identificadas infringiendo la normativa y que se iniciaron los procesos sancionatorios.

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Aunque no se precisó en qué Juntas Receptoras del Voto se dieron estas incidencias, la autoridad electoral recordó que el uso de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos durante el acto de sufragio está prohibido y puede acarrear severas sanciones económicas y políticas. Esta medida busca fortalecer la transparencia y la seguridad del proceso electoral en el país.

Los votantes no deben utilizar celulares desde el momento en que entregan su cédula de identidad a los miembros de la Junta Receptora del Voto (JRV) hasta que se les devuelve el documento. El uso del dispositivo en ese periodo, especialmente si implica tomar fotografías de la papeleta electoral, constituye una infracción grave.

¿Cuáles son las sanciones por el uso de celular durante el sufragio?

Quienes incumplan esta disposición se enfrentan a una multa que oscila entre los 21 y 70 salarios básicos unificados, lo que equivale a un monto aproximado de $9.870 a $32.900, de acuerdo con el salario básico vigente. Además, se contempla la pérdida de los derechos políticos del infractor por un período de dos a cuatro años, lo que representa una sanción significativa en el ejercicio de la ciudadanía.

La normativa también aplica a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, aunque en este caso la restricción comienza a las 17:00, cuando inicia el proceso de escrutinio. Solo uno de los integrantes de cada mesa puede utilizar un dispositivo electrónico, exclusivamente para realizar operaciones matemáticas relacionadas con el conteo de votos y el llenado de actas.

No obstante, la medida no afecta a observadores nacionales e internacionales, delegados de organizaciones políticas ni representantes de los medios de comunicación, quienes sí están autorizados a realizar registros audiovisuales del proceso electoral y del escrutinio, con el objetivo de garantizar transparencia.

El Ministerio del Interior respaldó esta normativa, argumentando que la prohibición de celulares busca evitar casos de extorsión y coacción, prácticas que en elecciones anteriores se han visto potenciadas por la posibilidad de verificar el sentido del voto mediante fotografías de la papeleta.

En este contexto, las autoridades electorales reiteraron su llamado a la ciudadanía a respetar las disposiciones vigentes para asegurar un proceso democrático íntegro. Las sanciones buscan disuadir comportamientos que puedan vulnerar el derecho al voto libre y secreto, según las autoridades

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