De las 5.936 autoridades encargadas (rector, vicerrector, inspector general y subinspector), 4.174 no cumplen con dos artículos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, es decir el 70 % de los funcionarios.

“Vamos a regular el proceso de encargo de autoridades educativas bajo los principios de calidad educativa, derecho de nuestros estudiantes y dignidad de los maestros”, señala Fander Falconí, ministro de Educación, en un comunicado de prensa, donde se dispone la inmediata regularización del encargo de autoridades educativas que se encuentran en funciones y que deben cumplir los requisitos de la norma establecida.

De acuerdo al Artículo 108 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en concordancia con el artículo 306 del reglamento del mismo cuerpo legal, se deben llenar las vacantes definitivas de los cargos directivos de los establecimientos educacionales, cuando estas sean resultado de remoción, destitución, jubilación, renuncia voluntaria o fallecimiento.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación regularizará los cargos de autoridades, evaluando perfiles y requisitos en estricto cumplimiento de las normas establecidas.

¿Cómo lo harán?

Para titularizar los cargos directivos de los establecimientos educativos, se iniciarán los concursos Quiero ser directivo, que tienen dos partes:

En la primera etapa, deberán aprobar la evaluación psicométrica y de conocimientos específicos. Una segunda etapa de méritos y oposición: se tomará en cuenta experiencia, formación académica, capacitación, experiencia específica, la elaboración y defensa de un proyecto de gestión educativa.

El ministro Falconí, indica en el escrito que “la educación de nuestra niñez y juventud merece lo mejor de nuestros esfuerzos, en la familia y en la comunidad ecuatoriana, por tanto los docentes deben ser la garantía ética, académica y profesional frente al desafío de la educación en la sociedad contemporánea”.

Además hizo un llamado a la comunidad educativa: padres de familia, docentes y estudiantes, a ser protagonistas de este proceso de ejercicio de derechos que confirme la confianza en la acción rectora de la institución y en todas y cada una de las entidades educacionales del país.