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La violencia criminal en Ecuador ha dado paso al legítimo uso de la fuerza contra antisociales.Canva

Ecuador reporta 90 abatidos por uso legítimo de la fuerza

El Ministerio de Defensa arrojó resultados respecto del uso legítimo de la fuerza en Ecuador

En un contexto de creciente violencia criminal, el Ministerio de Defensa de Ecuador informó sobre el abatimiento de 90 sujetos considerados sospechosos de estar implicados en diversos delitos. 

(Lee además: Ecuador: La alarmante cifra de adolescentes que han sido detenidos por asesinato)

Este uso legítimo de la fuerza se enmarca en la autorización oficial para que las fuerzas del orden utilicen armamento letal con el objetivo de proteger tanto la integridad personal de los ciudadanos como la de los agentes de seguridad.

Los militares forman parte de las tareas de control de seguridad en Ecuador.Canva

El anuncio se produce tiempo después de la emisión de un reglamento que respalda la ley sobre el uso legítimo de la fuerza, suscrito por el entonces presidente Guillermo Lasso en 2023. Este reglamento aclara las disposiciones de la norma y establece que la amenaza inminente a la vida de ciudadanos o miembros de la fuerza pública justifica la intervención armada. Lasso enfatizó que los agentes no deben esperar a ser atacados para actuar.

En tanto, este 2024, el presidente Daniel Noboa también emitió un decreto respecto del asunto.

Las fuerzas policiales y militares han estado operando en zonas con altos índices delictivos, donde enfrentan a grupos organizados. Recientemente, se reportaron enfrentamientos en Guayaquil, donde los agentes respondieron a disparos de delincuentes que intentaron evadir controles de seguridad. Este tipo de confrontaciones ha llevado a un incremento notable en el uso de fuerza letal.

Más agentes de control

El gobierno planea aumentar la dotación de personal policial, incorporando 30.000 nuevos agentes para hacer frente a la creciente ola delictiva. La Secretaría de Comunicación ha asegurado que este tipo de medidas buscan garantizar la seguridad y la protección de los derechos de los ciudadanos.

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