Durante los últimos cuatro meses, Antonio atiende su negocio en zozobra. A una cuadra de su local hubo un atentado con explosivos contra una farmacia, en la calle Joya de los Sachas, en la parroquia urbana Pascuales, en Guayaquil. Luego del suceso, la botica no abrió más. Y Antonio espera no ser el próximo.

Haciendo un esfuerzo económico, el ciudadano colocó cámaras de seguridad dentro y fuera de su local. De esa forma, al menos puede ver con unos segundos de ventaja si se acercan personas sospechosas y retirarse del mostrador. También instaló una alarma.

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Su temor de que haya un asalto en su local o de que se produzca un atentado se incrementó el martes 9 de enero del 2024, cuando sujetos armados se tomaron las instalaciones de un canal televisivo y, además, se reportaron otros incidentes violentos en diferentes sectores de la urbe porteña.

“Ese martes trabajamos hasta las 14:30, el miércoles hasta las 15:00, el jueves hasta las 17:00, pero con una sola puerta abierta. El negocio ha bajado por el tema de la incertidumbre”, comenta.

El emprendedor recalca que la inseguridad en la zona es más complicada, incluso desde antes del atentado contra la farmacia. Ya desde inicios del año pasado hubo ataques contra establecimientos comerciales. Y si se retrocede más en el tiempo, en junio de 2022 también se dificultó la situación con el paro nacional de esa época.

La inversión que hizo Antonio para tener cámaras y una alarma en su negocio es uno de los puntos que analiza Gabriela Uquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano. Ella puntualiza que el costo de reforzar la seguridad, lamentablemente, no todos pueden asumirlo.

“Si antes los recursos para la seguridad eran un 5 por ciento, hoy están dentro de las primeras prioridades que una empresa identifica cuando va a establecer su presupuesto. Y en muchos casos, dependiendo el tipo de negocio, el sector donde está y el producto que transporta, la seguridad puede llegar a ser un 30 o 35 % de su presupuesto (...). Esto afecta a los negocios más pequeños, al emprendedor, al pequeño comerciante, al que no tiene los recursos para contrarrestar una realidad de esta naturaleza”, refiere.

En cuanto a cifras de la actividad comercial, indica que, comparando los números de 2022 y 2023, hay dos datos importantes. El primero es que, de enero a noviembre de 2023, se registran ventas por 176.657 millones de dólares. Lo cual representa un aumento de 6.000 millones frente al mismo período en 2022.

“Sin embargo, si vemos en términos mensuales, las ventas registran una caída desde julio de 2023. Ya cuando tomamos por separado julio-noviembre de 2023, vemos que las ventas cayeron en más de un 1 %”, detalla.

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Confía en que la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en cumplimiento del decreto ejecutivo emitido la semana pasada, sirva para aplacar la inseguridad y que empiece a mejorar la actividad comercial.

Recalca que se debe apoyar el trabajo de los uniformados, e incluso puntualiza que el comité está recogiendo víveres y productos de primera necesidad para el personal, que pueden ser entregados en el cuartel de bomberos de La Puntilla, en Samborondón.

Esa misma esperanza tiene Juan, quien junto a su familia vende fritada en la avenida Casuarina, también conocida como la Entrada de la 8, en el noroeste del Puerto Principal.

El pasado viernes 12 de enero, a las 10:30, no había vendido ni un solo plato. “Tenemos que seguir trabajando para comer, no nos queda otra. Pero si usted ve alrededor, esto da pena. Todavía hay negocios abiertos, pero también muchos han cerrado porque han sido víctimas de extorsiones o de asaltos”, describe.

Su testimonio, efectivamente, puede comprobarse al recorrer esta avenida desde su inicio, en la intersección de la vía Perimetral, hasta el tramo del hospital de Monte Sinaí. Hay varios locales cerrados y otros con letreros de ‘se alquila’.

Juan, por lo pronto, tiene la ilusión de que la movilización de militares y policías funcione. No se anima a incursionar en otra actividad que implique salir de su local y su casa, porque teme que le roben o lo secuestren.

Guido Varela, presidente de la Asociación Red Ecuatoriana de Tenderos, indica que la delincuencia también está afectando a los propietarios de tiendas. Recalca que el gremio ya venía muy golpeado económicamente desde la época de la pandemia de la COVID-19, pues se multiplicaron este tipo de negocios, aumentando la competencia y reduciendo los ingresos. Ahora, los asaltos y extorsiones los siguen perjudicando.

“Ni siquiera los proveedores muchas veces pueden entrar a ciertas zonas para abastecer a las tiendas. Eso ocasiona un incremento en los costos para los dueños porque tienen que salir a comprar a mercados, ya no les llegan todos los productos y eso ocasiona desabastecimiento para los hogares de la zona”, explica.

Si bien esta problemática está afectando a los tenderos, la red no tiene cifras de cuántos negocios podrían haber cerrado, pues en la mayoría de casos, sus propietarios solo dejan de trabajar, sin comunicar su decisión ni las razones.

Varela, al igual que Uquillas y los emprendedores entrevistados, coinciden en que, actualmente, el sector comercial está expectante por ver cuánto puede favorecer la lucha que se mantiene con las organizaciones criminales para que vaya mejorando la actividad.

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Uquillas añade que se debe actuar en conjunto con el Gobierno. “Si el sector privado ya tiene una serie de inversiones en seguridad y hay empresas plenamente capacitadas con guardias, lo que tiene que hacer el sector público es aliarse y trabajar de la mano”, enfatiza. La idea es que todos sumen para el mismo lado. 

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