La extorsión es un delito con alto incremento en el Ecuador. El año 2022 cerró con 4.500 casos a nivel nacional, mientras que en 2023 bastaron apenas seis meses para que esa cifra sea sobrepasada ampliamente, porque al 30 de junio ya se habían superado las 6 mil denuncias, de acuerdo a información del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

Sin embargo, los números podrían ser aún mayores, pero no todas las víctimas reportan su situación, por motivos de temor o por desconfianza en las instituciones del sistema de justicia, según explica a EXTRA el coordinador del OECO, Renato Rivera Rhon.

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En el país se han hecho comunes las noticias de personas que se ven obligadas a realizar pagos por su seguridad y para evitar que se cometa un atentado en sus viviendas, negocios o en otros lugares de trabajo, como escuelas.

El 6 de octubre, en Guayaquil, el director de la Unidad Educativa Emma Esperanza Ortiz, ubicada en la ciudadela Sauces 6, recibió amenazas por escrito para que haga un pago de mil dólares mensuales a cambio de que no atenten en contra de su integridad y la de su familia.

Tres días antes, en la cooperativa Carlos Castro 2, del sur porteño, el dueño de un asadero de pollos recibió un tiro en el rostro por negarse a pagar la ‘vacuna’, como es llamada esta modalidad de extorsión. Estos casos muestran la realidad a la que se enfrentan a diario los ciudadanos no solo del Puerto Principal, sino del país.

Algunas de estas agrupaciones cuentan con adolescentes entre sus integrantes, lo que ha llevado al ministro del Interior, Juan Zapata, a mencionar que el país necesita una reforma legal urgente. “No es posible que menores de edad, incluso relacionados con sicariatos, vayan a los CAI (Centro de Adolescentes Infractores). Hay tantas cosas por hacer”, dijo el funcionario durante una intervención en la urbe porteña.

Cambian de ‘negocio’

Renato Rivera describe que en análisis realizados en diferentes ciudades del país (entre esas Guayaquil, Quito, Ibarra, Cuenca y Ambato) se ha descubierto que a la par del incremento de denuncias por extorsión se ha notado una disminución en los casos de robos a personas. Esto se debería a que los pillos comunes ven en las ‘vacunas’ la posibilidad de obtener dinero con un esfuerzo menor y con mayor rentabilidad.

“Hemos encontrado esa relación que nos da cuenta qué tan rentable o cómo están migrando también las actividades tradicionales de inseguridad hacia la extorsión, que está cobrando muchísima fuerza”, reitera el experto.

Por eso, para Rivera es importante tomar en cuenta los estudios que organizaciones internacionales realizan acerca de los niveles de violencia y los delitos en el Ecuador, porque el tema de las extorsiones se investiga “como un fenómeno que inclusive va causando mucho más interés para las organizaciones criminales”.

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Al nivel del narcotráfico

El Índice Global de Criminalidad Organizada (GITOC, por sus siglas en inglés) posiciona a Ecuador en el puesto 11 de mayor criminalidad entre los 193 estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Bajo este mecanismo, además se muestra la influencia de los actores criminales, los delitos que dan rentabilidad a la delincuencia organizada y en qué nivel estos se encuentran. (Ver infografía)

Con una escala de 1 a 10, siendo el último el número más crítico, en Ecuador se ha establecido que la situación que mayores problemas causa es el comercio de cocaína, con una calificación de 8.5, pero de cerca están la extorsión y el tráfico de armas, con 8 puntos. Estos delitos superan al tráfico de heroína (6.5) y marihuana (5.5).

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Para Renato Rivera, es una situación preocupante y a la que el presidente electo, Daniel Noboa Azín, le debe poner mucha atención, porque este delito está causando daño a la población, en su seguridad y economía, debido a que hay personas que han tenido que cerrar sus negocios a causa del terror que sienten. Otras, en cambio, han debido dejar sus empleos y hasta sus hogares para cambiar de ciudad.

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