La incautación del cargamento de cocaína más grande de la historia del Ecuador ocurrió en Vinces, provincia de Los Ríos, el 21 de enero de 2024. El peso neto del alijo fue de aproximadamente 21,5 toneladas, según consta en el acta de destrucción de la droga. 

El alcaloide estaba oculto en compartimentos subterráneos, debajo de un espacio destinado a la cría de cerdos en una zona agrícola, junto a una vía de tercer orden que conduce al cantón Mocache, entre los sectores Los Cedros y Loma Colorada, cerca del sitio conocido como Estero Lagarto. 

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El escenario del delito fue la finca Serafín y el único detenido por este cargamento de sustancias estupefacientes fue el cuidador de este lugar, Washington Remigio Vásquez Castillo, alias Pompo, quien al día siguiente fue procesado por dos delitos: tráfico de drogas y de armas.

Esta última infracción le fue imputada porque en la propiedad, que estaba bajo su administración, fueron hallados nueve fusiles, cuatro carabinas y tres pistolas, entre otras evidencias. Sin embargo, del dueño de esta pequeña hacienda las autoridades no informaron si conocían su localización.

Tras el hallazgo de la ‘merca’, hubo especulaciones acerca de quién sería el dueño de la finca. Incluso, hubo rumores de que esta propiedad le pertenecía a diferentes políticos, pero en documentos existe un solo titular del predio: Édgar Fabián Manobanda Punina, cuya imagen también circuló en redes sociales y, por su aspecto humilde, la ciudadanía comentó que sería un posible testaferro.

No obstante, en los documentos judiciales eso no ha sido establecido, pero sí que al ser el poseedor del bien, es responsable de lo encontrado en la finca. Por ese motivo este 26 de febrero de 2024, con apenas una hora de diferencia, se hicieron dos audiencias de vinculación en su contra, en Quito, para incluirlo en los procesos que ya se seguían contra alias Pompo.

En consecuencia, al desconocer su paradero, al día siguiente se giraron dos órdenes de localización y captura en contra del sospechoso, quien no ha comparecido en el proceso.

La no comparecencia de Édgar Manobanda ha llevado a que se le asigne un defensor público para que pueda velar por sus derechos, pese a que se lo sigue buscando. Durante el avance de los casos se determinó que estos deberían acumularse en uno solo. Es así que se estableció una audiencia para llevar a cabo ese procedimiento.

Esta debía realizarse el 16 de abril, a las 15:00, pero un apagón en el Complejo Judicial de la Florida, en Guayaquil, donde está el despacho del defensor, impidió que él se conectara. Después de eso, se fijó como fecha el 26 de abril. Esta diligencia estaba prevista para las 11:30 del viernes 26 de abril, pero hasta el cierre de esta edición se desconocía el resultado o si nuevamente se suspendió. 

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