El 9 de septiembre de 2024, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunió para examinar la sentencia del juez Édgar Romero, que ordenaba la reactivación de los juicios políticos contra tres exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso: Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo. Además, se incluyó en la agenda la evaluación del juicio político contra la fiscal general Diana Salazar.

La sesión estuvo marcada por conflictos internos. El legislador César Umajinga impugnó la presidencia de Pamela Aguirre, lo que desató una disputa por el control de la reunión. Después de varios incidentes, el vicepresidente Luis Alvarado asumió temporalmente la presidencia. Finalmente, Aguirre perdió la votación y Alvarado quedó a cargo de la sesión.

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Posteriormente, se votó a favor de acatar la sentencia del juez Romero y reactivar los juicios políticos. El asambleísta Lenín Rogel, del Partido Social Cristiano (PSC), votó en blanco, lo que resultó en su expulsión de la bancada.

En cuanto al juicio contra Diana Salazar, el oficialismo logró bloquear su calificación con una mayoría de votos, impidiendo que el correísmo continuara con el proceso.

Finalmente, el correísmo abandonó la sesión en señal de protesta, alegando que la mayoría oficialista estaba cometiendo ilegalidades en las decisiones tomadas.

Luis Alvarado, César Umajinga del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Adriana García y Ramiro Vela (independientes), y Lenín Rogel del Partido Social Cristiano (PSC) votaron a favor de archivar las solicitudes de juicio político presentadas por Gisella Garzón y Héctor Valladares de la Revolución Ciudadana contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por presunto incumplimiento de funciones. Así, la Comisión decidió no calificar las solicitudes.

La decisión de ADN, del PSC y de los independientes se tomó en medio de una sesión cargada de discusiones acaloradas. Los legisladores correístas Pamela Aguirre, Sofía Espín, Lenín Barreto y Ronald González expresaron su rechazo, criticando el voto de César Umajinga, quien previamente había apelado la presidencia de Aguirre.

Pamela Aguirre lamentó que la solicitud de juicio a la fiscal Diana Salazar, presentada por Gisella Garzón el 27 de noviembre de 2023, no hubiera sido calificada y que el juicio fuera archivado. Posteriormente, Aguirre y sus colegas de bancada abandonaron la sala de sesiones.

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