Como peones dentro de un tablero de ajedrez. Así se sienten los guías penitenciarios. No tanto por la cantidad de uniformados, sino porque, en caso de peligro, son los primeros en ser ‘sacrificados’.

El ataque armado que sufrió un equipo que transportaba a tres reos desde la cárcel de El Inca al hospital Pablo Arturo Suárez, en el norte de Quito, el 10 de junio, desveló que los miembros del resguardo carcelario no tendrían las condiciones de seguridad para cumplir con sus labores.

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Ese día, una guía fue baleada y aún se recupera en una casa de salud.

Este incidente refuerza la percepción entre los miembros de la seguridad penitenciaria de que terminan siendo las ‘carnadas’ cuando surgen problemas dentro o fuera de las prisiones.

Carla (nombre protegido) es compañera de la agente que resultó herida. Ella afirma que trabajar en la cárcel de El Inca es agobiante porque a diario reciben amenazas por parte de los reclusos e, incluso, les proponen cosas indecentes.

“Corremos peligro al no contar con equipamiento. En ocasiones yo he acompañado a dos reos a sus diligencias judiciales. Estamos desprotegidos”.

En enero de 2024, cuando se inició el estado de excepción por el conflicto armado interno, hubo 158 guías secuestrados dentro de cárceles del país.

En ese entonces, un grupo de abogados, en representación de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, presentó un habeas corpus en contra del Servicio Nacional de Atención para Personas Privadas de Libertad (SNAI) para que mejoren sus condiciones laborales.

Carlos Ordóñez, representante del gremio de guías penitenciarios, señala que la jueza que llevó la causa sentenció que, por un lado, se diera los tratamientos médicos y psicológicos a los agentes perjudicados y que por otro se brinden las garantías laborales.

Estas, según Ordóñez, se traducían en la adquisición de equipamiento y en la mejora de la logística operativa. “El SNAI, en lugar de acatar la resolución, apeló. Aun así, en la otra instancia se rectificó la sentencia, pero todavía no se ha hecho nada”.

El abogado Paúl Sánchez menciona que tras varios meses de incumplimiento, sumado al caso de la fuga, se puede ratificar que los agentes están desprotegidos.

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Ante esto, señala que lo primero que harán será defender a los guías y al conductor que son procesados por el delito de evasión. De ser necesario también a la agente que está hospitalizada porque la podrían vincular al caso.

Además, harán un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la jueza constitucional para que estén vigilantes de la sentencia.

En este caso denunciarán con nombre y apellido a los directores del SNAI que serían los responsables del incumplimiento y no a la entidad, luego de que no les ‘pararan bola’.

Un guía penitenciario de la última promoción en la cárcel de El Inca, que prefirió no ser identificado, revela que el Estado solo le proporcionó un uniforme, aunque las largas jornadas de trabajo requieren dos. Por ello, se vio obligado a comprar uno adicional.

Además, debido al temor constante que se vive dentro de las prisiones del país, él y algunos compañeros adquirieron radios de comunicación por su cuenta. Estos dispositivos son cruciales para alertar sobre posibles amotinamientos y garantizar su seguridad personal.

El guía también comparte que al comenzar su trabajo, se le advirtió que cualquier orden no acatada, como el traslado de un recluso, podría resultar en un sumario administrativo o incluso en su despido.

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