Con su oficio mueven una economía irregular. Su presencia causa incomodidad en el vecindario y representa un reto que deben enfrentar las autoridades. Estas son las secuelas que causan las sexoservidoras de la calle 17, en el suburbio de Guayaquil.

Quedan pocas. Visiblemente son menos de las que hubo hasta antes del pasado 23 de septiembre, cuando aún estaba cerrada la zona de la tolerancia, ubicada a la vuelta, en la calle Salinas, más conocida como ‘la 18’.

No hay una cantidad exacta de cuántas paraban en la 17, cuando el sector parecía un centro de diversión para adultos al aire libre. La Policía calcula que eran 320; el Municipio da cuenta de aproximadamente 400 mujeres.

Ambas instituciones coinciden en que la actividad sexual de las féminas en el lugar fue promovida en gran medida por la venta de licor en locales no autorizados para ello. Incluso, el director de Justicia y Vigilancia del Cabildo, Xavier Narváez, cita que detectaron seis sitios clandestinos en donde ellas se iban de ‘cuerpeo’ con sus clientes.

“En estos espacios se hallaron colchones, camas, preservativos y bebidas alcohólicas. Eran zaguanes que conducían a sitios interiores de viviendas”, detalla el funcionario. Además, se ha cerrado dos locales que estaban registrados como tiendas de abastos, pero que sin tenerlo permitido comercializaban trago.

Narváez asegura que de las prostitutas que aún rondan la zona, muchas vienen de otros sectores y que también hay extranjeras. Por ello argumenta que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe intervenir frente a esta problemática que se visibilizó con la pelea entre dos sexoservidoras, el pasado 14 de noviembre, porque una de ellas cobraba 8 dólares cuando la tarifa determinada en ese sector es de $ 10.

Refiere que, en consecuencia, la calle 17 se ha vuelto un territorio tomado por el narcotráfico y la delincuencia. Y que para evitar que esta situación continúe, hay que “seguirlas espantando, seguirles haciendo acto de hostigamiento para que el cliente no se acerque” y ellas opten por ir a lugares donde la oferta de sexo es permitida, como la 18. Sin embargo, Narváez aduce que este tipo de actividades ilícitas deben ser controladas por la Policía.

Apela también a un acto de conciencia en los usuarios, para que lo hagan en establecimientos legalizados y no sigan promoviendo la prostitución informal en la vía pública.

El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, comenta que, en el marco de un programa denominado Reactivación Segura, la Intendencia de Policía realizó operativos en conjunto con la Alcaldía en aquella zona.

En esas intervenciones constataron que en muchos comercios de la 17, además de la venta ilegal de trago, no se respetaba el distanciamiento social. Irregularidades similares ocurren en otros cantones. Del 28 de agosto al 17 de noviembre, la Intendencia cerró 442 locales en la provincia.

“Deben estar en lugares permitidos para eso”

La intersección de la 17 y Gómez Rendón es uno de los puntos donde se ejerce este oficio irregularmente. Cerca de allí reside hace 15 años Douglas Estrella.

Asegura entender que por la difícil situación económica, a causa de la pandemia, es comprensible que las sexoservidoras también busquen la manera de ganar su sustento. Pero opina que no lo están haciendo en el lugar correcto. “A mí nunca me han fastidiado, pero deberían irse allá adentro (a la 18), si ya abrieron”, menciona.

Él, además, cree que la presencia de las trabajadoras sexuales le da un mal aspecto al sector, principalmente porque hay personas de toda edad que salen a comprar y les toca ver el momento en que ellas intentan captar la atención de posibles clientes.

Claudia, ama de casa que habita 30 años a una cuadra de esa esquina, suele salir a comprar con su nieta de 6 años, y le incomoda el panorama que ahora observa a diario por su barrio.

“Ellas no deberían estar aquí porque hay muchos niños, eso les puede causar una mala imagen. Ellas deben estar en los lugares permitidos para eso”, comenta.

También teme salir de su vivienda por la presencia de desconocidos que deambulan por el sector.

Mientras ha realizado sus compras ha sido testigo de discusiones entre las chicas, por disputas de los espacios en donde se muestran a los peatones.

Piedad Villacrés, quien habita a pocos metros de la 17 y Maldonado, considera que quienes tienen sus viviendas por ahí y necesitan transitar constantemente, pueden ser confundidos como personas que están ligadas a este tipo de ocupación.

“Eso se ve feo porque mucha gente que no tiene nada que ver y que pasa por allí, pueden ser tratadas como si se dedicaran a ello, principalmente las jóvenes universitarias”.

En una entrevista anterior, la capitana de Policía Alexandra Jiménez, jefa del circuito Salinas, indicó que mantienen indagaciones para atrapar a proxenetas, también conocidos como ‘chulos’, quienes estarían lucrándose de la labor de las prostitutas.

La uniformada contó que se han realizado algunas detenciones y que están buscando a más personas, quienes estarían amenazando a las mujeres.

“Sabemos que ellas pagan una cantidad de 20 dólares a sus proxenetas para que les den una mal llamada seguridad. Si ellas no logran reunir el dinero, sufren agresión”, precisó Jiménez.

Por tal motivo, las sexoservidoras buscan concretar la mayor cantidad de ‘puntos’ y no denunciar a sus agresores porque las intimidan y, en muchos de los casos, son los padres de sus hijos.

Los ‘chulos’ no pasan todo el tiempo en la zona, sino que solo aparecen en determinadas horas del día para no exponerse. Por ello se hace difícil detenerlos, explicó Jiménez.

La capitana también destacó que el factor económico también influye en que las mujeres no quieran alejarse de este oficio. “Se ha conversado de manera reservada con ellas e indican que en el peor de los días levantan seis clientes cada una (cobran $ 10 por cada coito); es decir, ahí tienen 60 dólares. En el mejor de los casos se levantan hasta 20 clientes o 16”.

En tanto, no quieren ir a la 18 porque allí necesitan cumplir con requisitos como tener un carné de salud y hacerse pruebas de COVID-19 cada 15 días, condiciones que no están dispuestas a ejecutar o, en otras circunstancias, no pueden porque no cuentan con documentos de identidad.