Durante los últimos 50 años, la crónica roja ecuatoriana ha sido marcada por una serie de casos impactantes que han conmocionado al país. Entre ellos, destaca el caso del "Monstruo de los Andes", Pedro Alonso López, un asesino en serie colombiano que confesó haber matado a más de 50 niñas en Ecuador, Colombia y Perú, entre 1978 y 1980. Capturado en Ambato en 1980, reveló la ubicación de sus víctimas, describiéndolas como "muñequitas". A pesar de ser condenado a 16 años de prisión en Ecuador, fue liberado en 1998 en Colombia y su paradero sigue siendo un misterio. Otro caso emblemático es el triple asesinato perpetrado en 1989 por sicarios colombianos en La Atarazana, Guayaquil, bajo órdenes de Carlos Alcívar, conocido como "Cholo Sotil", quien pagó por la muerte de su pareja y dos personas más debido a un presunto amorío.

A lo largo de estas décadas, también se han registrado otros casos igualmente perturbadores, como el asesinato de "Wendy", una mujer trans encontrada muerta en 1989 en la vía a la costa; las torturas sufridas por las hermanas Heredia en 1996, acusadas de brujería en Calhuasig; y la brutal muerte de Byron Palacios, conocido como "el Rambo Criollo", en 2008. Estos crímenes no solo expusieron la violencia en el país, sino que revelaron problemas sociales y judiciales profundos. Desde asesinatos por venganza, rituales satánicos hasta homicidios pasionales, cada caso ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva ecuatoriana, recordando la necesidad constante de justicia y protección para las víctimas y sus familias.

En 1980, el desbordamiento de un río en Ambato sacó a flote los cadáveres de cuatro niñas reportadas como desaparecidas, que habían sido abusadas y asesinadas. Lo que se pensó era un caso más de trata de personas desató un ovillo de crímenes y abusos cometidos en tres países: Colombia, Ecuador y Perú, siempre con el mismo patrón.

Las desapariciones de las pequeñas en Colombia y Ecuador, entre los años 1978 y 1980, habían aumentado considerablemente. La captura de un hombre colombiano en un mercado ambateño, cuando intentaba raptar a una pequeña, fue clave para descubrir a un violador y asesino en serie.

Era Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, quien varios días se acogió al derecho del silencio y solo habló delante del padre Córdova, a quien le confesó que enterraba a sus víctimas, a las que luego iba a visitar y se refería a ellas como ‘muñequitas’.

Llevó a los investigadores a un área apartada de Ambato, donde descubrieron los cadáveres de 53 niñas, de entre ocho y doce años. Su última víctima fue Ivanova Jácome, de 9 años.

En Ecuador, López recibió la más alta condena: 16 años de prisión, la pena máxima en 1980. Catorce años después, fue extraditado a Colombia. En 1998 fue liberado. Hasta la fecha, su paradero es desconocido.

Los bloques de La Atarazana se estremecieron la mañana del 19 abril de 1989 con un triple asesinato perpetrado por sicarios colombianos que recibieron dos mil dólares de Carlos Alcívar, un próspero comerciante de la Bahía conocido como el ‘Cholo Sotil’. Según la Policía, las sospechas de un aparente amorío que su conviviente, Miriam Moreno, habría tenido con el DJ Reinaldo Villegas lo llevaron a planificar el atentado. Dos desconocidos disfrazados de policías metropolitanos entraron y dispararon contra Miriam, su hermana Peggy y Reinaldo. En menos de 24 horas, se determinó que el comerciante era el autor intelectual del delito. En declaraciones públicas aseguró que “si vuelve a nacer (su ex), la vuelvo a matar”. Uno de los testigos del crimen fue el pequeño hijo de ambos, quien en 2008, con 23 años, apareció sin vida en las calles Carchi y Domingo Savio, sur porteño, por una sobredosis de heroína.

La madrugada del viernes 11 de noviembre de 1989, el cadáver de una mujer fue hallado cerca de la ciudadela Los Olivos, en el kilómetro 5,5 de la vía a la costa.

Este crimen pudo haber pasado como uno más, de no ser porque, al momento de la autopsia, se determinó que no se trataba de una mujer, sino de un hombre llamado Luis Alberto Calle, de 25 años, conocido como Wendy, una transexual que meses antes se había sometido a una operación de reasignación de sexo y había cambiado de nombre.

Las investigaciones indicaron que horas antes de su deceso, había sido torturada y apuñalada.

Wendy, quien vivía con su pareja, Ángel Zambrano, al sur de Guayaquil, le comunicó que iría a una fiesta en la ciudadela Alborada, norte porteño. Sin embargo, nunca llegó a su destino.

Versiones de testigos aseguraron haberla visto recorrer varios centros nocturnos. Zambrano fue detenido junto a otro sujeto como sospechosos de la muerte, pero, por falta de pruebas, fueron liberados. Hasta la fecha, esta muerte sigue siendo un misterio.

Una ráfaga de 15 disparos provenientes de una metralleta terminó con la vida de Rigoberto Castro, conocido popularmente como Patucho Rigoberto. Participante de una serie de asaltos, incluyendo diversas joyerías, su especialidad delictiva fue el robo de carros, específicamente los modelos más solicitados de la época: San Remo y Montero.

Castro murió la noche del 19 de octubre de 1990, cuando iba a bordo de un carro Suzuki Forza por la calle Calicuchima, entre Chimborazo y Chile, donde fue interceptado por otro vehículo del cual salieron los disparos, que también alcanzaron a su novia y a otro de sus ocupantes, Tomás Fabre Mosquera, alias el Negro. Este se había fugado de la Penitenciaría del Litoral junto a otros nueve reos. El Patucho murió en el sitio, pero sus acompañantes fallecieron en el hospital Luis Vernaza.

Al momento de su deceso, tenía 29 años. Llegó a ser querido entre la gente de escasos recursos a la que ayudaba, convirtiéndose en un Robin Hood criollo, a pesar de ser buscado por la policía, con la que se enfrentó varias veces. En cierta ocasión, recibió un balazo en una de sus piernas, lo que le dejó una dificultad al caminar.

En varias de las ocasiones que dialogó con la prensa, insistió públicamente en su deseo de cambiar de vida y aclaró que si mató fue en defensa propia, al escapar. Detrás del asesinato del Patucho se tejieron muchas historias acerca de los motivos, así como de los autores materiales e intelectuales. Sin embargo, nunca hubo una declaración en firme de alguna autoridad que confirmara los detalles.

La supuesta violación de más de una decena de menores que realizaban un curso de catecismo, pesaba contra Juan Francisco Aragón, sacerdote guatemalteco de la iglesia Czestochowa, en Sauces 2, en Guayaquil. Según la denuncia del padre de uno de los niños presuntamente perjudicados, Aragón los besaba, mordía y les bajaba los pantalones, con intenciones de atacarlos sexualmente. Para ganarse su confianza los llevaba a comer y abusaba de la buena fe de los padres, quienes creyeron que con el supuesto guía espiritual, sus hijos estaban en buenas manos.

Pese a la denuncia ante un alto prelado, la solución que encontraron ante el escándalo fue trasladar a Aragón a otra parroquia. Según fuentes penitenciarias, en vísperas de la Navidad de 1991, Aragón recibió 19 puñaladas, que le asestó quien era su compañero de celda, William Mantuano, asesino del dirigente y político Carlos Castro. El victimario afirmó que lo mató porque el religioso intentó abusar de su hermano menor, cuando lo fue a visitar. Luego cambió la versión. Lo cierto es que el cura nunca pudo ser juzgado por los delitos que lo llevaron a la cárcel, por lo que constitucionalmente murió siendo inocente. Acusaciones que sus feligreses hasta ahora rechazan.

“Fue una pesadilla, hemos vuelto a nacer”, dijeron las hermanas Sonia y Margoth Heredia, luego de haber sido ajusticiadas por una turba de indignados indígenas que las señalaban de practicar brujería y de presuntamente causar la muerte de cinco personas con sus hechizos.

El 15 de julio de 1996, unos 500 comuneros las sacaron por la fuerza de una casa ubicada en el centro de Ambato, trasladándolas hasta la comuna de Calhuasig para castigarlas bajo la justicia indígena y presionar a las autoridades judiciales para que fueran enjuiciadas.

Las Heredia pasaron seis días en cautiverio, aterrorizadas ante la idea de ser quemadas vivas.

Una vez que aceptaron su culpa, fueron obligadas, bajo un frío extremo, a quedarse en ropa interior. Luego, ante la mirada de miles de indígenas de 18 comunidades, autoridades, periodistas y curiosos, fueron azotadas con ramas de ortiga y bañadas con agua helada.

Margoth reconoció que recomendaba a los indígenas acudir a los curanderos y que por ese ‘trabajo’ recibía cierta suma de dinero, pero nunca aceptó que con sus brebajes o curaciones hubiera matado a alguien.

Las acusaban de tener el libro negro de San Gonzalo, donde constaban nombres de ciudadanos (incluso de políticos) y se detallaban las extorsiones a modo de pago que debían entregarles a ambas ‘brujas’ para no morir o salvarse de una venganza segura. Por ejemplo, “si Katerine Susana quería impedir que su hermana se matara, tenía que pagar a las hermanas Heredia 380 mil sucres”.

El 14 de octubre de 2008 asesinaron al Rambo Criollo. Byron Palacios Merino se había ganado ese calificativo al ser considerado un valiente oficial de la Policía ecuatoriana, respetado por su precisión y coraje en la lucha contra el crimen. Desde pequeño, Byron había mostrado una inclinación por proteger a los indefensos, lo que llevó a su familia a recordar cómo, de niño, prefería jugar con pistolas en lugar de asistir a clases. Su dedicación lo convirtió en un héroe para muchos, especialmente en el cantón Milagro, donde combatió a delincuentes de toda índole.

El Rambo Criollo fue atacado mientras dialogaba junto a un periodista. Recibió tres disparos en el corazón, el pulmón y el abdomen, lo que provocó su muerte casi instantánea. Su asesinato conmocionó al país y más de 2.000 personas asistieron a su funeral.

Palacios, quien ocupaba el cargo de subjefe de la Policía Judicial de Milagro al momento del crimen, sabía que tenía enemigos peligrosos. Había encarcelado a muchos cabecillas de bandas y criminales temidos, y por ello había recibido múltiples amenazas de muerte. EXTRA siguió de cerca este caso y en exclusiva reveló cada detalle al país.

El caso Poppe ha sido uno de los crímenes más impactantes de Ecuador, ocurrido en 2009 en Guayaquil. Sonia Jaramillo, de 63 años, y su hija Claudia Poppe, de 31, fueron brutalmente asesinadas en su propio departamento, en Urdesa. Los autores del crimen habrían subido al edificio para cometer un robo, durante el cual apuñalaron a las víctimas. Tres hombres fueron identificados como responsables: Carlos Santana, alias Tierrita; Jorge Álava, Nayder; y Danny Morales, alias Calucho. Mientras que los dos primeros fueron capturados y sentenciados en 2010 a 25 años de prisión, Danny Morales logró evadir a la justicia durante ocho años.

Durante el atraco, al ser descubiertos por las víctimas, habrían decidido asesinarlas para no dejar testigos. El caso conmocionó al país, no solo por la violencia del acto, sino por la demora en capturar a uno de los principales implicados.

Morales fue detenido finalmente en 2017 en Chone, Manabí. Durante su tiempo como fugitivo, vivió bajo una identidad falsa y se movía constantemente para evitar ser capturado.

En este caso, la Fiscalía determinó que los individuos entraron al departamento para robar cuatro relojes de oro y que fue por uno de estos que lograron atrapar a los dos primeros sospechosos. En las indagaciones descartaron la venganza.

Los uñas negras era un grupo criminal del sector Nueva Prosperina, de Guayaquil, que mezclaba rituales satánicos con prácticas violentas. Operaron en 2011 y fueron descubiertos en 2012, tras cometer al menos dos asesinatos brutales, descuartizando a sus víctimas en supuestos ritos para honrar a Satanás. El grupo estaba compuesto por siete miembros, liderados por Fidel Palomino, alias Fito, quien en 2021 fue desmembrado en la cárcel de Turi, en Cuenca.

Entre sus víctimas se cuentan un adolescente de 17 años y un joven apodado Papelito. A los cuerpos les faltaban partes como manos y pies, lo que generó terror en la comunidad.

La banda se caracterizaba por el uso de cuchillos y machetes para desmembrar a las víctimas, como parte de sus ceremonias. Se sospechaba que algunos restos fueron quemados o desaparecidos. La justicia ecuatoriana logró capturar a los principales responsables, quienes fueron sentenciados a 25 años de prisión, aunque varios posibles cómplices nunca fueron arrestados. El caso dejó una profunda huella por el nivel de crueldad y la conexión con cultos satánicos.

Los asesinatos perpetrados por esta banda se llevaron a cabo con una meticulosidad escalofriante, lo que contribuyó al miedo que se extendió en Guayaquil en ese tiempo.

David Romo desapareció a sus 22 años, el 16 de mayo de 2013, en Quito, y su caso ha estado rodeado de controversias y descontento social. Habría sido visto por última vez cuando fue retenido por supuestos trabajadores de una clínica de rehabilitación clandestina. Sin embargo, su madre, Alexandra Córdova, ha luchado incansablemente por justicia, para que se conozca la verdad, denunciando presuntas irregularidades y la falta de respuesta por parte de las autoridades.

Según las investigaciones, testigos habrían declarado que David fue capturado en la Mitad del Mundo y llevado a la clínica, donde supuestamente recibió tratamientos en contra de su voluntad

Este suceso no solo ha generado un clamor por parte de sus familiares, sino también de organizaciones de derechos humanos, que piden un mayor compromiso de las autoridades para esclarecer los hechos. Córdova ha señalado que el Estado habría sido negligente en su deber de investigar adecuadamente.

El caso de David Romo se mantiene abierto y su familia continúa esperando que se haga justicia y que se brinde la respuesta que han buscado durante más de una década, para conocer lo que en realidad pasó.

Lissa María Caiza, conocida popularmente como Doña Veneno, captó la atención mediática en Ecuador debido a su historia escalofriante, que incluye el asesinato de sus propios hijos y de varias parejas.

En 2022 recibió una condena de 34 años de cárcel por el homicidio de sus vástagos, ocurrido en Pifo, parroquia ubicada en la zona oriental de Quito. También fue sentenciada a 22 años por el asesinato de su novio, Jaime Yanchaguano. Además, su nombre es considerado dentro de las investigaciones del crimen de José Luis Erazo, quien fue hallado muerto en 2020.

Las circunstancias de la muerte de Erazo han dejado a su familia con más preguntas que respuestas. Aunque inicialmente se atribuyó su muerte a un infarto, los sospechosos eventos que rodearon su deceso llevaron a sus parientes a investigar más.

Desde que Doña Veneno se volvió parte de sus vidas, el dolor ha sido constante, y su madre, Isabel, clama por justicia, mientras se siente atrapada en el limbo del proceso judicial, que ha estado estancado durante años, como contó EXTRA en 2022.

Lissa María Caiza ha sido acusada de emplear veneno para asesinar a sus víctimas, ganándose así su macabro apodo. Los allegados de Erazo han hecho esfuerzos para que se reinicien las investigaciones, pero los avances en el caso seguían siendo mínimos, mientras la incertidumbre persiste.

La madrugada del 11 de septiembre de 2022, María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía, en Quito, para visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Esa fue la última vez que la vieron con vida.

En este caso, el Tribunal de Garantías Penales condenó al implicado a una pena máxima de 34 años y 8 meses, como autor directo de femicidio.

La Fiscalía presentó pruebas contundentes durante el juicio, para demostrar que hubo una relación de poder de Germán Cáceres sobre María Belén Bernal, que se había manifestado a través de violencia física y humillaciones, tanto antes como durante el ataque.

La autopsia reveló lesiones en la cabeza de la víctima, y un audio grabado en su celular durante una discusión dejó en evidencia la voz del oficial, confirmando su implicación en el delito.

En su defensa, Cáceres reconoció haber atentado contra la vida de su esposa y ofreció disculpas a la familia, alegando que no tenía la intención de matarla. A pesar de sus declaraciones, el Tribunal determinó que la relación entre ambos estaba marcada por una dependencia emocional inducida por el agresor, lo que contribuyó a la violencia sufrida por María Belén Bernal.

Además de la condena, el Tribunal ordenó reparaciones económicas, incluyendo un pago de 234.600 dólares a los familiares de la víctima y una multa de 1.000 salarios básicos unificados. También se dispuso que se emitan disculpas públicas a nombre de la Escuela Superior de Policía y que se establezca una medalla en honor a María Belén Bernal, para cadetes destacados, entre otras disposiciones.

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