Ganar dinero, tener centros de control camuflados y captar jóvenes. Estos son los principales objetivos de las bandas delictivas al abrir y controlar clínicas clandestinas de rehabilitación, una práctica que se ha descubierto en operativos de clausura en Guayaquil.

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De acuerdo con información policial y con la revelación de un propietario que hace poco dejó de atender en su establecimiento, las agrupaciones criminales tienen todo un esquema para obtener beneficios de estos espacios irregulares.

Una de las formas es haciendo el papel de villanos y supuestos héroes. Primero, buscan vender drogas a menores de edad y jóvenes para provocar en ellos una adicción, ganando dinero. Pero luego, cuando los consumidores o sus familiares quieren un cambio, les ofrecen rehabilitarlos en clínicas ilegales que no cuentan con las condiciones adecuadas para ello, lo que significa que no hay un verdadero tratamiento.

Estos sitios irregulares también son utilizados para mantener internados a integrantes de esas agrupaciones. Incluso, hay ocasiones en que coinciden en el mismo lugar personas de diferentes grupos criminales, aumentando el riesgo de que existan riñas.

“Se ha vuelto un círculo que manejan ciertos grupos delictivos, una especie de monopolio”, indicó el teniente coronel Freddy Ávalos en agosto pasado, mientras informaba sobre la clausura de un centro de este tipo, ubicado en el bloque 6 de la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo.

En aquel lugar había miembros de Mafia 18 y Chone Killers. En total, 19 personas fueron retiradas del lugar, que finalmente fue cerrado por agentes policiales, personal de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), y del Municipio de Guayaquil.

En otro operativo ejecutado en septiembre, en el distrito Nueva Prosperina, se clausuró una clínica ilegal donde se encontraban 25 supuestos adictos. Sin embargo, en el interior había objetos no relacionados con la atención a pacientes: varios cuchillos, armas de fuego y videos pornográficos. “Este lugar no era una clínica real, sino una guarida para delincuentes”, dijo en aquella ocasión el teniente coronel Roberto Santamaría.

Precisamente, los datos policiales sobre estos establecimientos también revelan que, en algunos casos, representan una fachada de lo que en realidad son: cuarteles camuflados donde se planifican crímenes y actos delictivos.

El propietario que dejó a un lado la actividad, quien por seguridad pidió que no se revele su identidad, explica que hay otras dos prácticas a las que también suelen recurrir las organizaciones en el contexto de la rehabilitación de adicciones. “Hay personas de las agrupaciones que van a clínicas ubicadas en sectores populares para internar a chicos, ofreciendo dinero para que sean recibidos”, cuenta.

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Cuando ocurre esta situación, dice, hay dueños que no se niegan, bien porque están más interesados en recibir el dinero o porque no saben realmente a quiénes están aceptando. “Lo elemental es preguntar, averiguar quién es la persona que va a ingresar, pues alguien que está vinculado a una banda es un peligro para los demás internos”, recalca.

Luego, cuando la persona que les interesa es admitida en el lugar, otro paso es que, durante su permanencia, el supuesto paciente empiece a intentar captar hacia la organización criminal a los internos que pueda, para incrementar el dominio delincuencial.

“Eso implica que haya peligro para todos, porque puede haber retaliaciones, ya que también se suelen dar cambios de bandos. Por eso es que debe haber realmente un estudio de quién ingresa, hablar con los padres, saber bien quién es la persona”, reflexiona.

En contraparte, así como hay clínicas ligadas a agrupaciones criminales o que directamente pertenecen a estas organizaciones, también están aquellas cuyos dueños aseguran no tener vínculos delictivos. Más bien, buscan contar con los permisos necesarios para operar legalmente y ofrecer un servicio orientado a la rehabilitación.

El psicólogo clínico Luis Novillo Cevallos, vocero del Frente Prosalud de Cetad (centros especializados para el tratamiento de personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas) en Vías de Regularización de Guayaquil, refiere que, desde enero de 2019, no han podido obtener la factibilidad de uso de suelo en el Municipio.

Explica que esta imposibilidad surgió luego de que, en esa época, 18 personas murieron en un incendio dentro de un centro de rehabilitación ilegal, ubicado en la 26 y la I, en el suburbio porteño.

Novillo comenta que buscan tener una reunión con un representante de la Dumce (Dirección de Urbanismo, Movilidad, Catastro y Edificaciones) para que les explique cuáles son los parámetros que deben cumplir para lograr el permiso de uso de suelo.

Para ser atendidos, el frente presentó un escrito en la Alcaldía el 13 de agosto de 2024, el cual fue recibido y, en constancia de ello, tiene un sello del Cabildo. Pero, según Novillo, hasta el momento no han sido convocados. “Si nosotros no contamos con el permiso de uso de suelo, no podemos tramitar un permiso en el Cuerpo de Bomberos ni en la Acess. Entonces, al tener esta traba, nos encontramos en la completa ilegalidad”, expone.

EXTRA consultó al Municipio de Guayaquil cuáles son los requisitos para el otorgamiento del permiso de uso de suelo en este tipo de establecimientos. También se solicitó conocer si está prevista una reunión con el frente o, al menos, saber si se está coordinando su ejecución. Hasta el cierre de este reportaje, no hubo respuestas.

Luis Maridueña, otro de los propietarios, aclara que están dispuestos a colaborar con las autoridades. Pero también insistió en que debe haber un diálogo que sirva de base para la legalización. “Que nos den un tiempo para poder cumplir con todo lo que se requiere. Sabemos que están haciendo su trabajo, pero nosotros también queremos poder atender”, enfatiza.

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Hace hincapié en que, en ocasiones, se han clausurado sitios por denuncias de que en ellos se reúnen grupos del crimen organizado. Pero asegura que, si bien algunos están con sus documentos en proceso de regularización, no tienen nexos delictivos. Por eso apela a que se mejoren las tareas de inteligencia policial. 

Adicionalmente a los permisos de uso de suelo y del Cuerpo de Bomberos, también hay otros trámites y requisitos que deben cumplir estos establecimientos con la Acess para su legalización.

Según un acuerdo ministerial vigente del Ministerio de Salud, previo a la solicitud del permiso de funcionamiento, el interesado debe solicitar un asesoramiento técnico para la implementación del Cetad.

Para ello, se conformará una comisión compuesta por un médico, un abogado y un psicólogo, que realizará una visita al lugar y elaborará un informe con observaciones y recomendaciones para la implementación del Cetad, que deben cumplirse.

También se debe presentar un proyecto de reglamento interno y un programa terapéutico, además de solicitar el permiso anual de funcionamiento.

Si la revisión es favorable, se realizará una inspección al sitio y, de cumplir con los requisitos, se emitirá un informe de aprobación, así como una resolución de aceptación del reglamento interno.

Posteriormente, se continúa con el trámite del permiso anual de funcionamiento, que implica cumplir con otras condiciones.

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