Un cerco policial ha sido establecido en los alrededores de la gasolinera COPEDESA, situada en la intersección de Los Ríos y Clemente Ballén, en el centro de Guayaquil. Esto ocurre tras la llegada de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, que ha decidido suspender sus operaciones.

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Como informó EXTRA en ediciones anteriores, el Gobierno ha presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra once personas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por el presunto delito de comercio irregular de hidrocarburos.

Los señalamientos también involucran a dos empresas: Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco, cuyos accionistas incluyen al alcalde y sus hermanos Antonio y Xavier. Precisamente, una de las agencias de COPEDESA destaca hoy por exhibir un aviso que indica: “Suspendido por incumplir la Ley y Reglamento de Hidrocarburos”.

Copedesa Gasgrupco, sin ser una comercializadora autorizada para abastecer a Fuelcorp S.A., le facturó 2.183.546 de galones de diésel. En el año 2023, según la denuncia, Fuelcorp adquirió combustible a cuatro sujetos pasivos "presumiblemente no autorizados" por la Agencia de Regulación y Control de Energía, entre ellas Copedesa Gasgrupco.

En su momento, el alcalde de Guayaquil expresó apertura total a colaborar con las investigaciones, luego que Fiscalía realizara allanamientos simultáneos como parte del 'Caso Triple A', como fue denominado por la institución.

Hasta el cierre de este informe, no se ha recibido ninguna declaración del alcalde de Guayaquil, ni un pronunciamiento oficial de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.

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