El caso Ligados revela cuáles habrían sido las verdades intenciones detrás de la designación de un superintendente afín a la Revolución Ciudadana. Más allá de una aparente disputa política, la evidencia que consta en el expediente del caso apunta a una estrategia bien calculada para tomar el control de áreas clave dentro de la Superintendencia de Bancos, asegurando el dominio sobre procesos jurídicos, tecnológicos y, especialmente, el combate al lavado de activos.

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Uno de los mensajes incorporados en las carpetas del proceso, enviado por el usuario identificado como ‘An’ -presumiblemente el excandidato presidencial Andrés Arauz-, expone la necesidad de obtener el respaldo de la Asamblea Nacional para la designación de Raúl González como superintendente, pero con una condición: el control de cuatro de los cincuenta cargos de libre remoción dentro de la Superintendencia de Bancos:

• Dirección de Trámites Legales de la Intendencia Jurídica: Supuestamente se planteaba la necesidad de resolver el tema de los cobros indebidos.
• Dirección de Infraestructura y Operaciones de la Coordinación de TICs: Un puesto estratégico para asegurar la interoperabilidad de las bases de datos, aspecto clave en la supervisión del sistema financiero.
• Dirección de Estudios y Gestión de la Información: Su importancia radica en la administración y análisis de datos financieros.
• Subdirección de Riesgos de Lavado de Activos: Este es el puesto más sensible de los cuatro, ya que influye directamente en la detección y prevención de operaciones ilícitas dentro del sistema financiero.

No sucedió como el correísmo habría esperado en la Superintendencia de Bancos

La información revelada en el caso Ligados expone los cargos que la Liga Azul, vinculada al correísmo, intentó asegurar en la Superintendencia de Bancos, pero que finalmente no consiguió debido a la destitución de sus consejeros en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Además, por esta designación y otras actividades sospechosas, la Fiscalía formuló cargos por presunta asociación ilícita contra los exconsejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, así como contra la consejera en funciones Nicole Bonifaz. Su vinculación se basó en el presunto intento de manipular la designación de Raúl González como superintendente, con el respaldo de la Asamblea Nacional, y la colocación de personas afines en estos puestos estratégicos.

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