“Estudiar es nuestro derecho”. “Necesitamos socializar”. “Cumplimos todas las normas de bioseguridad, déjenos venir”. “No porque una persona no esté de acuerdo tienen que cancelar todo. Justicia”.

Estas frases y mensajes se aprecian en diversos carteles que acompañan al sello de clausura que puso (la mañana del 25 de enero) el Municipio de Guayaquil en las puertas del centro educativo Balandra Cruz del Sur, por no acatar la resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, de suspender el retorno a clases presenciales en la ciudad.

“Nos clausuraron la primaria y la secundaria. Citamos a tres cursos por edificio, todos cien por ciento vacunados y si alguno tuvo COVID tenía que traer una prueba PCR negativa. Lo que han hecho es totalmente arbitrario”, manifestó Maggie de Fioravanti, rectora del plantel, ubicado en el norte porteño.

Fioravanti afirma que los sellos municipales fueron colocados con el alumnado y el personal del plantel en su interior. Asimismo, sostiene que todo el año han dado clases presenciales, con la autorización del COE Nacional y el Ministerio de Educación, aplicando los protocolos. “Hemos adecuado nuestras instalaciones, cambiamos las llaves de agua, ahora son automáticas. Nuestros alumnos tienen una cartuchera con todos los útiles, para que ellos no trajeran nada de la casa ni llevaran nada hasta sus viviendas”, expresó.

Mariuxi de Rossignoli, madre de familia, también mostró su indignación. “Todo ha sido paulatino, controlado y optativo. Me siento más segura con mi hija en el colegio que en un centro comercial. Acá nos mantienen informados constantemente de la situación del virus en el plantel. Mi hija está en sexto curso y toda su promoción está cien por ciento inoculada”, dijo.

“Un estudio, en 191 países, revela de que no existe una relación directa entre el cierre o la apertura de las escuelas y las tasas de contagio de COVID-19 en la comunidad, por lo que reabrir las instalaciones educativas no representaría un riesgo considerable si se toman las medidas necesarias de bioseguridad y autocuidado”, señaló Juan Enrique Quiñónez, representante de Unicef en Ecuador.

“El pico de contagios se dio por las fiestas de fin de año. Unicef aboga para que las escuelas sean lo primero en abrir y lo último en cerrar. Ofrecemos toda la asistencia técnica necesaria para asegurar el retorno progresivo a las aulas”, declaró Quiñónez.

Rossignoli añadió que no se está tomando en cuenta las condiciones de salud de los estudiantes. “Hay chicos obesos, otros con problemas emocionales y psicológicos”.

Fioravanti dijo que seguirán brindando el servicio educativo, porque esa es su función. “La Constitución establece que ningún organismo puede clausurar, intervenir o multar a una institución educativa, solo el Ministerio de Educación, al cual me ciño. El distrito se va a ocupar de eso con nuestro abogado”.

La Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles también fue clausurada en otro operativo.