Julio Estrella no es economista, solo sabe que las finanzas de su casa fueron afectadas por el desempleo que vive hace 7 meses por el COVID-19.

Laboró por dos años en el área de seguridad y ha sobrevivido con su liquidación y del taxismo informal. Así sostiene a su ‘ñora’ y 3 hijas. Desde septiembre recibe el seguro de desempleo que lo ayudará por 5 meses.

El COVID ocasionó la quiebra de negocios o la reducción de sus ganancias, provocando despidos laborales y suspensión de contratos. Pero el país antes del virus mantenía un problema de falta de ‘camello’ adecuado.

“En diciembre de 2019, a nivel nacional, 39 de cada 100 personas ocuparon un puesto de empleo adecuado. En septiembre de 2020 bajó a 32 y 8 de cada 100 mujeres estaban desempleadas y 66 de 100 viven entre la informalidad y subempleo”, expresa Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano.

La situación se agravó cuando Ecuador se ‘congeló’ por más de dos meses por el confinamiento. Los sectores más afectados son el servicio doméstico, transporte y almacenamiento, industrias manufactureras; agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca; y, alojamiento y turismo, indica el Ministerio de Trabajo, citando los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, a septiembre de 2020.

Para combatir la crisis, la Asamblea Nacional aprobó el 15 de mayo la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, presentada por el presidente Lenín Moreno. Ella establece que la jornada laboral podrá ser reducida hasta el 50 % del horario y hasta el 45 % de la remuneración. Habla del contrato especial emergente, el seguro de desempleo y más.

Para Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular, la ley redujo el salario a $ 180, impide la libertad sindical, precariza el trabajo y viola la Constitución.

El economista y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Pablo Carrión, señala que debido a la dolarización la cosa no es peor; que las cifras oficiales del empleo son poco creíbles y que hace falta una política clara de reactivación productiva y un marco jurídico que cree nuevas plazas de trabajo.

Como la que busca Julio, que desde junio pasado intenta ‘camellar’, pero de las entrevistas no pasa. Ve la cosa ‘fregada’ y no pone su fe en el próximo gobierno, pero seguirá trabajando en lo que sea por su familia.