Con las masacres penitenciarias quedaron al desnudo las falencias del sistema de rehabilitación social. Una de ellas es el retraso que en ocasiones puede influir en que una persona privada de libertad (PPL) no salga excarcelada rápidamente, a pesar de que se le haya concedido una boleta para ello.

El abogado Joffre Campaña vivió uno de esos calvarios junto a la familia de un defendido. Al profesional de la jurisprudencia le tocó exponer la situación en redes sociales para terminar con la espera de tres días que soportaban los parientes del detenido.

Cuenta que, ante la ola de violencia en la ‘Peni’, interpuso un recurso de hábeas corpus en favor del procesado, un joven de 24 años que cumplía una sentencia de un año por una tentativa de estafa.

El chico había superado el 60% de la pena. Ese detalle, más el evidente peligro de estar recluido mientras se daban bala a cada rato, fueron los argumentos con los que Campaña logró la pre libertad del muchacho.

Sin embargo, la salida del centro carcelario tardó por dos razones. Según el defensor, el dictamen del juez fue “ambiguo”, pues si bien disponía la inmediata libertad del ciudadano, al mismo tiempo ordenaba a la Policía que en 48 horas emita un informe evaluando si el ‘pelado’ podía continuar su condena en casa, bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Además, el agente encargado de esa tarea no cumplió con ese plazo, argumentando que la notificación estaba con errores, pues no contaba con una firma electrónica.

“Utilicé Twitter para mencionar lo que pasaba y dirigí un mensaje a las autoridades indicándoles que esto no podía ser”, cuenta Campaña.

Luego de eso se agilitó todo y el muchacho al fin fue trasladado a su vivienda. Pero para que eso sea posible tuvieron que pasar 72 horas desde el dictamen judicial y hacer un clamor en una red social.

Estos casos se viven usualmente en las afueras del recinto penitenciario, en el kilómetro 17 de la vía a Daule, al norte de Guayaquil. Allí, en estos días, Aurelio (nombre protegido), hermano de un interno, esperaba ansioso la salida de su ñaño.

La boleta de libertad fue emitida el miércoles, pero el ciudadano no salió como estaba previsto. Hasta las 19:00 de la noche siguiente tampoco cruzó la puerta de ingreso de la ‘peni’, aumentando la impaciencia de los suyos.

SE VA EL SISTEMA

Una de las quejas de los familiares de PPL es que, en ocasiones, la emisión de las boletas tarda porque suele haber fallas en el sistema informático de las unidades judiciales.

El documento debe ser entregado físicamente en el centro carcelario. Esta tarea se hace a diario, pero si el papel no está listo a tiempo por algún contratiempo, su traslado queda aplazado para la tanda del otro día.

Cuando hay enfrentamientos entre los internos se altera todo. Mientras se controla la situación se suspenden las salidas de los reos, provocando el retraso y, mucho peor, la zozobra de los que están fuera, imaginando qué suerte tendrán sus parientes en esos ‘pitos’. Como están las cosas, el tiempo es oro y nadie quiere que los suyos estén dentro de más.

EXTRA consultó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) si se aplicará estrategias para agilitar el proceso y qué factores inciden en la demora, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

CAMBIO A LO DIGITAL

El abogado José Flores Sánchez, máster en Derecho Constitucional y docente universitario, refiere que, cuando un juez otorga la libertad de una persona, el cumplimiento de esta disposición no puede tardarse por trámites internos.

Cita el artículo 11 numeral 5 de la Constitución de la República, que indica que, en materia de derechos y garantías constitucionales, los servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.

“El derecho a la libertad que tienen estas personas una vez que han cumplido su pena, prevalece sobre un trámite administrativo. Lo que podría hacerse, como solución, es que los jueces luego de que han expedido la boleta de libertad, deberían enviar una notificación por correo al SNAI”, apunta.

Recalca que esto debe ir respaldado con la firma electrónica del juez, para que avale la alerta y que al mismo tiempo permita el cumplimiento inmediato. A partir de ese punto ya el proceso se torna netamente administrativo y depende de que en el sistema carcelario agiliten el paso.

Campaña tiene un criterio similar. Opina que una de las posibles medidas para resolver las demoras es la creación de un sistema informático que se vaya actualizando con la situación de cada privado de libertad. Que contabilice qué tiempo de la sentencia se va cumpliendo y que emita una notificación con anticipación cuando un interno está por concluir su período de reclusión, o el porcentaje que le permita acceder al beneficio de pre libertad.

Esta plataforma tendría que estar interconectada con las bases de datos de la Función Judicial, para que de esa forma las boletas se emitan digitalmente y se crucen virtualmente al centro carcelario, haciendo que no sea necesarias las entregas físicas.

Este mecanismo tecnológico no solo contribuiría a que el trámite de liberación sea más ágil, sino que permitiría ir frenando el hacinamiento penitenciario.