Dos detenciones realizadas por la Policía Nacional, en Quito, no sirvieron de mucho, pues el resultado fue el mismo para ambos casos: la Fiscalía decidió no formular cargos para los individuos considerados sospechosos y con presuntos indicios del cometimiento de delitos.

El primer hecho fue difundido por las fuerzas del orden, el martes 9 de julio de 2024. El caso hacía referencia a un sujeto, de nacionalidad colombiana, quien había sido atrapado con 26 pequeñas fundas de marihuana en el tradicional barrio San Roque, del Centro Histórico. En audiencia se determinó que el sujeto era un consumidor de marihuana y cocaína y en eso se basó el representante del Ministerio Público para no procesarlo.

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El segundo caso fue difundido el miércoles 10 de julio y exponía la aprehensión de dos sospechosos. Uno de ellos portaba un revólver Smith & Wesson y en la diligencia, para establecer si lo procesaban o no, la Fiscalía argumentó que no formularía cargos porque el arma no servía para disparar.

Sobre este último caso, la jurista experta en derecho penal, Dennisse Santos, explica que el delito está configurado sobre la tenencia o el porte de un arma, no si esta vale o no. Ella considera ese detalle como algo técnico y que debe ser regularizado para que los procesos sean claros. La abogada aclara que la Fiscalía tiene la potestad de decidir si formula o no cargos en contra de alguien, pero considera que estos tecnicismos deben ser regulados.

“Pueden decir: él tenía el arma, pero como no sirve, dejémoslo pasar. Sin embargo, él tal vez tenía la intención de usar el arma. Obviamente la gente, al momento en que le estén robando, no va a decir: ‘¡Uy, el arma no sirve! Entonces sigamos, porque no es un ladrón de verdad”, cuestiona la especialista.

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Por eso, señala que más que aumentar penas, lo que se debería hacer es trabajar en que los delitos estén bien configurados, con los detalles claros, para evita que por tecnicismos salgan libres los criminales, pues es de lo que se valdrían para no cumplir el total de sus penas. Santos reitera que se deberían corregir los procedimientos y educar mejor a quienes deben tomar estas decisiones, como fiscales y jueces, para que no se infrinja la ley. 

Acerca del incremento de sanciones, la jurista opina que “la gente piensa que con el aumento de la pena ya se va a regularizar (la situación del Ecuador), que ya no se van a cometer infracciones o delitos, pero no. El tema de la pena se aplica cuando el proceso llega a su final (en la conclusión del proceso), pero antes está todo el proceso”.

Para la experta, más que trabajar en aumentar las sanciones penales, se debería buscar la manera de que estas se cumplan y exista una rehabilitación de las personas sentenciadas, algo que -bajo su criterio- no sucede en el país.

Tomando como referencia el caso en que una persona no fue procesada pese a que le encontraron un arma, el fiscal César Peña, bajo su criterio, explica que la ley es clara en tratar el delito como tenencia o porte de armas, sin importar que estas valgan o no.

Por eso, considera que para evitar que este tipo de situaciones sucedan, sobre todo en esta época en la que el país enfrenta un incremento de la violencia, se deberían fortalecer las capacitaciones a los administradores de justicia. Él también ve como prioridad eso, pues de eso dependerá que aplique o no una sanción en el momento correspondiente.

El funcionario explica que hay dos puntos fundamentales que se deberían fortalecer: los conocimientos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y todo lo relacionado a procedimientos, para que los delitos se investiguen y no queden en la impunidad.

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