Para la mañana de este miércoles, 9 de abril de 2025, estaba prevista la audiencia de vinculación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del llamado caso Triple A, una investigación por la presunta comercialización ilegal de combustible subsidiado en Ecuador.

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El abogado de Álvarez, Diego Córdova Raza, solicitó diferir la diligencia alegando que también debe actuar en otra audiencia judicial ese mismo día, en un proceso por tráfico de influencias. Sin embargo, el juez Renán Andrade, perteneciente a la Unidad Anticorrupción, negó el pedido y ratificó la convocatoria. Según el magistrado, la audiencia fue fijada con una semana de antelación, lo que considera tiempo suficiente para que cada procesado asegure su defensa técnica.

¿Quiénes serán vinculados junto al alcalde de Guayaquil?

El caso no solo involucra a Aquiles Álvarez, sino que la Fiscalía ha solicitado la vinculación de otras nueve personas:

• Juan Carlos Arias Tapia
• Juan Dionisio Araujo Saldarriaga
• Gloria María Salazar Solano
• Rosa Marbella Ortiz González
• Édgar Moisés Flores Torres
• María Elisa Criollo Espadero
• Fausto Vinicio Vaca Gonzaga
• Olga Cecilia Ortega Loaiza
• Raúl Arnoldo Zambrano Orellana

Todos ellos estarían relacionados con comercializadoras de diésel o estaciones de servicio con presuntas irregularidades en su operación.

¿Qué se investiga en el caso Triple A?

La indagación apunta a las empresas Copedesa y Corpalubri, vinculadas a Álvarez, que habrían vendido diésel a estaciones de servicio afiliadas con inconsistencias en sus reportes de venta, facturación y capacidad de almacenamiento. Un ejemplo citado por Fiscalía es la estación Zambrano, ubicada en la parroquia El Guismi, provincia de Zamora-Chinchipe, donde los datos reportados no coinciden con los volúmenes reales de venta y capacidad de tanques.

Ante estas acusaciones, el alcalde ha denunciado una motivación política detrás del caso. “Mis empresas no son responsables del destino final del diésel subsidiado”, ha declarado, añadiendo que el control de ese combustible recae en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

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