El abogado Édgar Edmundo Escobar Zambrano cumplió la rutina que hacía de lunes a viernes antes de comenzar sus labores como fiscal. Tras bajarse de su vehículo, caminó hasta las calles Víctor Manuel Rendón y General Córdova (centro de Guayaquil) y se sentó junto a un limpiabotas para que le dé brillo a su calzado.

Sin embargo, segundos después, cuando el funcionario, de 43 años, ya se había puesto de pie y avanzado un par de metros, fue sorprendido por dos sicarios, uno de ellos sacó un arma de fuego, lo siguió y disparó, al menos 9 ocasiones. En el lugar, agentes de Criminalística recogieron 8 vainas percutidas y una bala deformada calibre 9 milímetros.

El cadáver del funcionario del Ministerio Público o Fiscalito, como lo llamaban de cariño sus colegas y amigos, quedó tenido sobre la calzada, junto a un enorme árbol, en el interior de la Plaza La Merced, frente a la iglesia y la Fiscalía del mismo nombre.

Desde hace más de un año, Édgar Escobar había sido asignado a la Unidad de Personas y Garantías N.1 de la Fiscalía del Guayas. Antes ejerció como fiscal en la unidad de Fe Pública, Delitos Financieros y Flagrancia. Tenía 12 años ejerciendo como fiscal, pero sus inicios en esta dependencia del Guayas los hizo como pasante, asistente y secretario de Fiscalía, por casi una década.

Su esposa, la abogada Ana Veintimilla Galarza, ejerce como jueza de la Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer y el Núcleo Familiar. Ella llegó al lugar de los hechos y llorando trató de acercarse hasta donde estaba el cadáver de su cónyuge, pero esto fue impedido por policías.

Compañeros de la víctima, tras confirmar que el hombre asesinado era su colega, se acercaron hasta el sitio donde yacía el cuerpo y manifestaron su indignación por el lamentable suceso que enluta a la Función Judicial.

“Ya no es el primer caso, mataron a una fiscal en Manabí, a otro en Los Ríos, a un juez en Sucumbíos, ya hace dos años también perdimos a un compañero y ahora le tocó a Édgar, estamos a la merced de la delincuencia, lamentable, nadie hace nada”, manifestó un funcionario, quien con pesar y consternación observaba las pericias de los agentes de Criminalística en el perímetro que estaba cubierto con una cinta de seguridad colocada para este tipo de hechos.

Visiblemente afectado por la muerte de su colega, el fiscal Errol Elizalde Torres calificó el crimen como un mensaje de amenaza en contra de los fiscales. “Nosotros investigamos muchos hechos delictivos y muchas personas quieren que no los investiguen y que los hechos queden en la impunidad. No es el primer caso. A Édgar lo llamábamos Fiscalito por su tamaño y contextura y porque tenía la voz aguda, era un buen compañero”, expresó el funcionario.

César Peña Morán, fiscal del Guayas, explicó que en la Unidad de Garantías y Personas, donde también laboró, se investigan, asesinatos y sicariatos y que entre los hechos investigados por Escobar estaba el caso Roditti, el asesinato de Fausto Valdiviezo, el crimen de la esposa y de la hija de un policía, las masacres en las cárceles de Guayaquil y la explosión en el Cristo del Consuelo, que dejó 5 muertos.

“Él investigaba delitos contra la vida y quienes están inmersos en este tipo de hechos son organizaciones delictivas, cuya sanción podrían ser hasta 40 años. Lamentablemente, nos exponen a la delincuencia. Cómo puede ser que luego de tantos atentados y asesinatos de compañeros, la Judicatura decidió cambiar la Unidad de Flagrancia Valdivia, que estaba ubicada en el primero piso alto a la planta baja”, denunció Peña.

El crimen de Jaime Villagómez Fayad, ocurrido el 20 de mayo pasado, era otro de los casos que investigaba el fiscal asesinado. Para mañana está agendado que se realice una audiencia de vinculación para otro sospechoso de este hecho. Para las 16:00 de ayer está previsto un testimonio anticipado a un testigo clave de este hecho de sangre en un restaurante de Buijo Histórico, en Samborondón.

Detenidos

En las inmediaciones del cerro del Carmen (centro-norte) policías detuvieron a los presuntos asesinos del fiscal. Se movilizaban en una motocicleta y en su poder se halló el arma de fuego con el que habrían cometido el crimen. Los sospechosos tienen 19 y 16 años y fueron puestos a órdenes de las autoridades.

El coronel Henry Herrera, jefe de la Dinased, reveló que el menor de edad detenido es quien habría disparado en contra del fiscal. “El joven, de 16 años, estuvo en un Centro de Menores Infractores, por un robo cometido en febrero de este año. Se encontraba firmando semanalmente en la Dinapen. Tenía esa medida cautelar”, dijo. El otro detenido no registra antecedentes.

La moto en la cual se movilizaban fue robada el pasado jueves en las calles 35 y Callejón Parra, en el suroeste. También se les encontró prendas vestir, las cuales habrían servido para que se cambiaran y despistar.

Jueces y fiscales somos amenazados

“Estamos viviendo un azote social del crimen organizado. Los jueces que tomamos las decisiones y los fiscales que investigan estamos siendo víctimas. Requerimos protección policial, estamos siendo amenazados. Ya mataron a un juez y ahora matan a un fiscal, frente a la institución, frente a una iglesia, esto es un mensaje claro del crimen organizado”, manifestó Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

Gallardo se pronunció tres horas después del asesinato del fiscal Édgar Escobar Zambrano.

Agregó que han solicitado al Consejo de la Judicatura y a la Presidencia de la República la declaratoria de emergencia de la Función Judicial, teletrabajo a los jueces en materia penal hasta que existan las condiciones de seguridad.

María Josefa Coronel, directora provincial de la Judicatura en Guayas, hizo el mismo pedido al Gobierno nacional y solicitó recursos que permitan darle protección a los funcionarios judiciales.

“La provincia del Guayas genera más de 20 millones de dólares en temas de Judicatura, no puede ser posible que no tengamos recursos para darle seguridad a los jueces. El delincuente siempre va a querer transformar a los jueces y fiscales en seres vulnerables. Hemos pedido que la provincia del Guayas sea declarada en emergencia. Cinco jueces cuentan con medidas de protección”, expresó.