La Asamblea Nacional de Ecuador ha ratificado que Verónica Abad sigue siendo vicepresidenta, desmintiendo rumores sobre su destitución. En un documento fechado el 1 de abril de 2025, el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, aclaró que no existe ninguna resolución que declare el cese de Abad. La vicepresidenta lo confirmó a través de sus redes sociales, reafirmando su permanencia en el cargo.

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El origen de la confusión: sanciones del Tribunal Contencioso Electoral

La confusión surgió luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificara, el 24 de marzo de 2025, la sanción contra Abad por violencia política de género, impuesta tras una denuncia de la canciller Gabriela Sommerfeld. El TCE suspendió sus derechos políticos y le aplicó una multa, pero no dictó ninguna resolución que inhabilite a Abad para ejercer su rol como vicepresidenta, lo que distingue claramente entre las sanciones políticas y las funciones ejecutivas del cargo.

La postura del gobierno y las implicaciones jurídicas

A pesar de la certificación oficial de la Asamblea, el panorama sigue siendo incierto en términos jurídicos. Algunos expertos y figuras políticas señalan que la suspensión de los derechos políticos de Verónica Abad podría, teóricamente, generar una inhabilitación para seguir ejerciendo su función en el Ejecutivo. Esta interpretación ha causado preocupación en algunos sectores del gobierno, que ya han tomado medidas precautorias.

Ante la incertidumbre, el presidente Daniel Noboa ha decidido asignar temporalmente el cargo de vicepresidencia a la secretaria de la Administración, Cynthia Gellibert, quien asumirá las funciones vicepresidenciales hasta que se resuelvan los cuestionamientos legales. Esta decisión refleja las tensiones y el vacío legal que persisten, mientras se espera una definición más clara por parte de las autoridades competentes.

La situación política actual de la vicepresidenta Abad

El caso de Verónica Abad ha agitado la política ecuatoriana en los últimos días, ya que no solo involucra la figura de la vicepresidenta, sino también plantea serias dudas sobre la efectividad de las sanciones impuestas por el TCE y la capacidad de Abad para ejercer el cargo sin derechos políticos. En el contexto de una presidencia en transición y un clima político tenso, la situación de Abad sigue siendo un tema de debate y preocupación, tanto en los pasillos del poder como en la opinión pública.

Por ahora, la certificación emitida por la Asamblea Nacional refuerza la posición de Abad como vicepresidenta, pero la incertidumbre jurídica sigue siendo un tema candente en la política ecuatoriana.

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