Las imágenes de pornografía infantil descubiertas en el teléfono de un adolescente, de 17 años, no solo le habrían servido para saciar sus impulsos sexuales, sino para escalar en una red digital de explotación de menores, según ha informado la Policía luego de su detención, en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha.

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El sospechoso, pese a su corta edad, haría parte de una estructura clandestina de ‘depravados digitales’, en la que presuntamente empleaba los videos “como moneda de cambio y escalamiento de privilegios en la red”.

El ingeniero informático y experto en Ciberseguridad, Jorge Luis Sánchez, explicó que este tipo de individuos conocen que el contenido les sirve para intercambiarlo por otros bienes o servicios dentro de comunidades en línea.

Puede ser material de la misma índole, el acceso a plataformas exclusivas de distribución de este contenido ilegal o cualquier otro recurso valorado dentro de estas redes.

Con respecto al escalamiento de privilegios, Sánchez mencionó que se refiere al acto de obtener un nivel de acceso no autorizado a recursos que están restringidos al usuario promedio.

En el contexto de redes ilícitas en línea, esto puede significar que alguien gane acceso a foros privados, obtener roles de moderador o administrador en sitios web de explotación, o recibir reconocimiento y estatus dentro de una comunidad por la cantidad o “calidad” del material proporcionado.

De acuerdo a las indagaciones, el sospechoso creaba perfiles falsos en redes sociales para captar a sus víctimas: mujeres menores de edad.

Para el experto informático, estas personas tienen objetivos oscuros. “No es meramente la gratificación sexual; va más allá, buscando establecer una posición de poder y control dentro de estas redes clandestinas”.

Sánchez agregó que operan como si fueran empresas multinacionales y que por eso llaman la atención de personas como el aprehendido, quienes anhelan ascender en la jerarquía turbia de estas comunidades. “Este poder puede ser utilizado para extorsionar, manipular y controlar a otros usuarios, así como para atraer y explotar a más víctimas”.

El abogado Jonathan Ramos señaló que el delito que se configuraría en este caso sería el de extorsión sexual. Según la norma legal, este es cuando la persona, mediante el uso de violencia, amenazas o chantaje induzca, incite u obligue a otra a exhibir su cuerpo desnudo o en actitudes sexuales, con el propósito de obtener un provecho personal o para terceros.

En la legislación ecuatoriana, este se castiga con una pena de tres a cinco años, pero al ser un menor de edad, al implicado se lo sancionaría con una medida de amonestación y según el juez del caso, podría ser penado con servicios a la comunidad o algún tipo de internamiento.

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