El viernes 5 de julio de 2024 se llevó a cabo en Quito la primera parte de la audiencia de la acción de protección solicitada por la periodista cubana Alondra Santiago, donde su defensa argumentó que el Estado ecuatoriano vulneró varios de sus derechos fundamentales al retirarle la visa de amparo humanitaria basándose en un informe secreto. 

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El abogado de Santiago, Carlos Soria, explicó ante la jueza Sandra Yanchatipan Sánchez que la periodista tenía derecho a esta visa debido a la nacionalidad de su madre ecuatoriana, lo que le otorga los mismos derechos que a un ciudadano nacional.

Soria señaló que la falta de notificación adecuada y oportuna del procedimiento administrativo sancionador en su contra fue una omisión que afectó los derechos de Alondra Santiago, además de la falta de entrega del informe del Centro de Inteligencia Estratégica que mencionaba supuestos actos en contra de la seguridad del Estado por parte de la periodista, lo cual carecía de motivación. 

En este sentido, solicitó a la jueza varias medidas de reparación, entre ellas la devolución inmediata de su visa, un sumario administrativo contra los funcionarios públicos involucrados en la revocación, la entrega de la información utilizada para tal fin, disculpas públicas, y asistencia psicológica para Santiago.

Por su parte, el Estado negó que la visa fuera retirada debido a la actividad periodística de Santiago, argumentando que se debió a supuestas acciones en contra de la seguridad del Estado. Los delegados del gobierno presentes en la audiencia rechazaron la idea de que se violó el derecho al debido proceso de la periodista, ya que aún contaba con recursos administrativos en curso.

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La audiencia contó con la presencia de representantes del Viceministerio de Movilidad Humana, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, así como la Procuraduría, quienes defendieron la decisión de revocar la visa de Santiago. 

Se presentaron amicus curiae a favor y en contra de la acción de protección durante la diligencia. La sesión se suspendió por la introducción de un documento de 30 páginas por parte de los delegados del gobierno, que la defensa de Santiago deberá revisar, siendo notificados posteriormente sobre la nueva fecha de la audiencia.

En resumen, la audiencia de acción de protección de Alondra Santiago en Ecuador revela un conflicto sobre la revocación de su visa de amparo humanitaria, donde se discute la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el debido proceso, generando un debate entre la defensa de la periodista y los representantes del Estado ecuatoriano.

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