Luis quedó indignado afuera de la Unidad Judicial de Mejía, en Machachi, al sur de la capital. La mañana de ayer, él y sus familiares fueron a la audiencia preparatoria de juicio en contra del sospechoso que habría violado a su sobrina, pero el abogado de este no se presentó.

La madrugada del 23 de junio de este año, el hermano mayor de la víctima habría presenciado cómo el sujeto la ultrajaba y avisó a sus parientes. El ataque sucedió en la parroquia Cutuglahua. Ese mismo día, la madre de la menor de edad denunció el hecho y luego de la audiencia de flagrancia el presunto violador quedó en libertad.

Juan Francisco, abuelo de la niña, contó que durante ese tiempo se contactaron con los allegados del sospechoso para proponerles que el caso sea juzgado por la comunidad indígena, pero ellos, al parecer, se negaron.

Ahora, el abuelo se lamenta porque no se dio la audiencia de ayer y esto le causa incertidumbre. Él dijo que confía en las autoridades, pero con esta situación hubiese preferido hacer justicia con sus propias manos.

De hecho, ya sabía qué castigo proponer para el implicado. Según Juan Francisco, por el delito cometido, el sujeto debía pagar con trabajo forzoso durante 10 años y, además, en festividades como fin de año, Navidad, Carnaval, el presunto violador debía ser castigado, en frente de toda la comunidad.

Conflicto judicial

Ana Astudillo, abogada de la víctima, explicó que desde la parte procesada también hubo intenciones de que –luego de que el caso haya sido conocido por un juez ordinario– se aplicara justicia indígena. Esto porque uno de los requisitos indispensables es que los implicados sean de la misma comunidad; sin embargo, según la jurista, esto no aplica porque “la competencia radica en Mejía y ellos viven en una parroquia, no en una comunidad”.

A pesar de eso, Astudillo explica que existiría una alternativa para que se cambie de potestad jurídica y es hacer un pedido a la Corte Constitucional donde se justifique que existe una controversia entre la justicia ordinaria y la indígena para que un juez disponga quién se hace cargo del caso.

Pero para esto un dirigente debe hacer el pedido y hasta ahora no existe alguno. “Lo que queda es esperar a que lo llamen a juicio al sospechoso”.

Por lo pronto, Luis y sus familiares continuarán haciendo plantones afuera del juzgado y denunciarán el caso en las redes sociales para que se vuelva más viral. La menor asiste cada martes a un psicólogo para recibir atención porque su salud mental se estaba deteriorando.

Esto porque una de las afectaciones más graves y que serviría como agravante para la sentencia del sospechoso es que producto de la violación, la menor quedó embarazada de una niña, con quien acude a todas las diligencias judiciales.

EXTRA omitió los apellidos de los familiares para proteger la identidad de la víctima, tal como manda el Código de la Niñez y Adolescencia.