Los ríos que serpentean por el cantón Camilo Ponce Enríquez no solo están contaminados por la minería ilegal, sino que también arrastran la sangre de la violencia. Desde abril, esta pequeña localidad, con una extensión de alrededor de 640 km², ha acumulado 29 muertes, la mayoría vinculadas a la actividad minera.

Algunos de esos casos han sido múltiples y tan macabros que motivaron la inclusión del cantón en el toque de queda declarado el 8 de agosto para ciudades que suelen ser consideradas peligrosas.

Los militares y policías que intervienen en la zona señalan que se trata de una disputa entre grupos criminales por el control del territorio. Su objetivo es extorsionar a las empresas mineras y, en otros casos, invadirlas para apoderarse de ellas. Ya hay proyectos tomados que han sido escenario de enfrentamientos con víctimas mortales.

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr), entidad perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, tiene la responsabilidad de vigilar e intervenir para el correcto desarrollo de las actividades mineras, pero actualmente está desarticulada.

Desde el 31 de julio no cuenta con jefaturas, coordinadores, inspectores, técnicos ni abogados. Para esa fecha ya habían ocurrido dos masacres en zonas mineras de Ponce Enríquez. La justificación es que cambiará de nombre.

“Si alguien viene a hacer un trámite hay que decir que no hay atención porque todo está inhabilitado. No hay quien firme o autorice; sacaron a todos, no solo a nosotros, sino también a los de Arconel (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) y a los de ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero). No hay catastro minero, es un descontrol total”, expuso un funcionario del Ministerio de Energía, quien prefirió el anonimato por seguridad.

Y eso no es lo más sorprendente: desde hace 10 años no se actualiza el catastro minero en Ecuador, algo que también es competencia de esta entidad. “Decir cuántas concesiones mineras hay es indeterminable. Como hace 10 años cerraron el catastro, hay miles de solicitudes de nuevas áreas mineras que quieren abrir, pero como no se abre el catastro, no se da”.

Cuando se trata de operativos en conjunto con la Policía Nacional y militares, estos son apenas un complemento, a pesar de que en noviembre de 2023 se emitió una reforma a la política institucional en la que se establece que deben “prevenir posibles actos de corrupción, principalmente a partir de la identificación y mapeo de riesgos asociados a cada área seleccionada”.

Más adelante, en los literales L y M del artículo 2, se obliga a “investigar a profundidad los posibles actos de corrupción, detectar prácticas indebidas y aplicar los correctivos necesarios para controlarlas o eliminarlas”.

EXTRA solicitó una entrevista con el Ministerio del ramo para que explique por qué no se actualizó el catastro, quiénes han sido los responsables de dichas decisiones, cuántos funcionarios han ocupado el cargo y quiénes han estado involucrados.

También se pidió información sobre las medidas aplicadas para regular las actividades mineras en las fases de prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización y cierre de minas. Pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Seguridad nacional

Iván Granda, exsecretario Anticorrupción del gobierno de Lenín Moreno, enfatiza que la ausencia de un catastro beneficia directamente a la minería ilegal, lo que permite que los grupos criminales operen de distintas formas en el país.

“No porque el catastro minero esté cerrado significa que no hay minería. Todo lo contrario, obliga a los que quieren hacer minería legal a quedarse fuera, mientras que los ilegales se apropian de los territorios y zonas ricas en minerales. Esa medida esconde las actividades irregulares bajo el pretexto de no permitir la explotación minera en el país”.

Granda recuerda que los asuntos de minería ilegal tienen tanto peso e intereses que, para decidir sobre ellos, el país ha tenido que ir a las urnas para tratar temas que desconoce a fondo, lo que significa que no siempre resulta ganadora la mejor opción.

“Esto impide que las actividades mineras se regularicen, que tengan garantías ambientales, y con ello la minería ilegal campea”, reflexionó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Minería de Ecuador, Santiago Yépez, enfatiza que es clave una respuesta inmediata del Gobierno ante esta situación, porque ahora se trata de un tema de “seguridad nacional”, especialmente porque se ha detectado la operación de diversos tipos de crimen organizado debido a la falta de control.

“Lo que está pasando en Ponce Enríquez y en otras zonas del país es, sin duda, la toma de los proyectos de pequeña minería por parte de grupos delincuenciales para apropiarse de ciertos proyectos y lavar oro de la minería ilegal. Esto ya es un delito transnacional y debe ser juzgado con todo el rigor de la ley”.

La policía señala los esfuerzos en ‘saco roto’

Los investigadores policiales enfrentan dificultades para identificar a quienes practican minería ilegal. Estos desafíos incluyen la falta de conocimientos técnicos y el escaso apoyo del Ministerio de Energía a través de sus agencias en los controles.

Destacan que deberían ser los expertos en minería quienes lideren y coordinen los operativos, ya que la vigilancia recae en ellos mientras deben atender otras emergencias.

“Estamos aprendiendo sobre el tema, pero no somos especialistas en minería; deberían ser ellos quienes brinden el soporte necesario. Recientemente se renovó el personal policial y aún estamos esperando refuerzos de otras partes del país. A pesar de nuestros esfuerzos, enfrentamos problemas. Por ejemplo, cuando inspeccionamos una mina y solicitamos documentación, nos presentan carpetas llenas de papeles. ¿Cómo podemos verificar si estos documentos son auténticos y cumplen con los requisitos?”, señaló un agente.

El equipo también ha observado que la minería ilegal ha aumentado considerablemente desde la pandemia, debido a la reducción de operativos en el sector. “Es un problema que ha estado fuera de control estatal durante mucho tiempo”.

El Estado, un ‘cómplice’ de la infiltración del crimen

Los integrantes de los grupos delictivos que operan en Ponce Enríquez son especialistas en minería. En los últimos años han logrado infiltrarse en la cadena de producción minera.

“Aprendieron cómo se trabaja, el proceso completo, descartaron la extorsión y optaron por apoderarse de las minas para operarlas por su cuenta”, comentó un empresario, quien prefirió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad.

Esta infiltración también se extiende a la corrupción dentro de las instituciones públicas “porque ellos tienen acceso a las bases de datos” y deciden cuándo se realizan los controles. Sospecha que uno de los grupos delictivos haya obtenido mi contacto a través de la misma empresa pública o privada.

Expresó su preocupación por la imposibilidad de cambiar su número de teléfono debido a las amenazas de muerte dirigidas a su familia.

La falta de confianza en el sistema y el temor a que otros grupos delictivos lo identifiquen y extorsionen o incluso se apoderen de la mina le impide denunciar la situación a las autoridades.

El experto en seguridad Diego Pérez señala que el problema principal radica en la omisión del Estado, que ha permitido a las mafias prosperar. “No es una cuestión de incapacidad, sino de complicidad. Existen pequeños actores con capacidad e influencia que, al no actuar, han contribuido a fortalecer estas dinámicas corruptas”.

Pérez enfatiza que la situación actual no es un accidente, sino el resultado de una serie de acciones y acuerdos concretos. “Si no hubiera habido una coordinación tan precisa entre los involucrados, no estaríamos enfrentando esta realidad. La ausencia de prioridades claras en seguridad ha llevado a este descontrol”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!