Este jueves 17 de octubre de 2024, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional del Ecuador realizaron una serie de allanamientos en diferentes sectores de Quito como parte de una investigación por presunta concusión que involucra a varios miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

En el marco del Caso Pico y Plata, la Fiscalía informó a través de su cuenta en X (antes Twitter) sobre la ejecución de órdenes de detención contra agentes de tránsito que habrían exigido dinero a cambio de no sancionar infracciones, como el incumplimiento de la medida de restricción vehicular Pico y Placa. Junto a ellos, otras dos personas fueron detenidas con fines investigativos.

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Durante los 14 allanamientos que se desarrollaron en la capital, las autoridades levantaron indicios como teléfonos móviles, equipos portátiles, dinero en efectivo, licencias de conducir, matrículas vehiculares y uniformes oficiales. La situación jurídica de los detenidos sería definida en las horas siguientes a su aprehensión. 

La investigación está siendo llevada a cabo por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía, que ha hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncie estos y otros delitos cometidos por servidores públicos.

En paralelo, en el marco de investigaciones adicionales por concusión, la Fiscalía también ejecutó tres órdenes de detención en Quito contra los agentes de tránsito identificados por el Ministerio Público como Cristian C., Segundo J. y Geovanny M., quienes presuntamente habrían exigido pagos para no reportar infracciones relacionadas con la restricción vehicular Pico y Placa o la circulación de vehículos con llantas lisas.

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Asimismo, se procedió con la detención de Mayra I. y Pablo C., quienes habrían sido receptores de los pagos ilícitos solicitados por los agentes. La situación jurídica de todos los involucrados se resolvería por medio de audiencias en las que se determinará si se les formula o no cargos.

La Policía Nacional también emitió un comunicado en su cuenta de X confirmando que durante los allanamientos simultáneos, ejecutados por aproximadamente 223 servidores policiales, se incautaron varios indicios como dinero en efectivo, celulares, computadoras, licencias de conducir, matrículas vehiculares y uniformes oficiales.

El artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que comete concusión "las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años".

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