El juez Lenin Santiago Guerra Yánez, quien fue titular de la Unidad Judicial de Valencia, en Los Ríos, fue vinculado este viernes 18 de octubre de 2024 a una investigación por presunta asociación ilícita, en el marco del caso conocido como Albajuez, en el que también fueron procesados su secretario, Douglas Ángel Coello Alvear, y el abogado particular Luis Alfredo Simba Contreras.

Estos últimos se han acogido a un procedimiento abreviado, con el que aceptan los cargos que les impone la Fiscalía, a cambio de una reducción de sus penas. La audiencia de vinculación se realizó en la Corte Provincial de Los Ríos, en la Sala Multicompetente que tiene sede en el cantón Quevedo. Durante la diligencia, la fiscal provincial Karina Guanopatín presentó pruebas que evidenciarían que el juez -junto a los otros involucrados- habría trabajado en favor de tres presuntos integrantes de la mafia albanesa.

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De acuerdo con la acusación de la funcionaria, dos de estos supuestos criminales están imputados por lavado de activos y el otro por delincuencia organizada, en el caso Pampa, que investiga la existencia de una red narcodelictiva liderada por Dritan Gjika.

Los tres ciudadanos a los que habrían favorecido el juez y sus colaboradores, estaban con prisión preventiva, pero el magistrado Guerra habría cambiado esta medida por presentaciones periódicas, lo cual el Ministerio Público considera como un acto irregular, según ha informado.

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Uno de los elementos claves que expuso la Fiscalía fue la presunta alteración del sistema informático de la Unidad Judicial de Valencia, acción que habría facilitado la modificación de las medidas cautelares.

Entre las pruebas presentadas también figuran 12 DVD que contendrían grabaciones de las cámaras de la Unidad Judicial, las cuales podrían evidenciar irregularidades en la actuación del juez procesado.

El delito de asociación ilícita, por el cual es procesado el juez Lenin Guerra, está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este delito conlleva una pena privativa de libertad que oscila entre tres y cinco años, según la gravedad de los hechos y el nivel de participación de cada involucrado.

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