La situación en Solanda es desesperante. Los afectados por el paso del metro de Quito creen que incluso “están peor que antes”, ya que aún esperan resultados de los estudios para confirmar si la obra fue la causa de que sus casas se hundieran. “Queremos que dejen de burlarse de nosotros. Hasta nos sacaron del Concejo Metropolitano”, dijo Fernando Proaño, uno de los mayores afectados. Él dejó de habitar su casa hace cinco años.

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En la sesión de Concejo hubo hasta lágrimas de indignación, cuando uno de los ediles, Héctor Cueva, dijo que existe una “mala política de ciertos actores que han venido, desde hace más de 20 años, manipulando el Comité Ejecutivo de Solanda”. 

“Mi casa ya no sirve, es evidente cómo se ha deteriorado en tan poco tiempo. Es indignante que nos venga a decir eso el concejal”, reclamó Proaño, quien es el encargado jurídico del Comité Ejecutivo.

Como él existen 360 vecinos afectados, 50 de ellos han tenido que abandonar sus hogares por el peligro que representan las infraestructuras. Juan Navarrete, otro dirigente del barrio, comentó que cuando empezó la actual administración zonal tenían esperanza de recibir soluciones. “Otra vez nos han engañado. Estamos peor que antes, porque nos callan”, reclamó.

El alcalde Quito, Pabel Muñoz, suspendió ese punto en la orden del día, en la sesión del martes 14 de mayo. “Se acaba el tema. Ahí quedan pendientes las preguntas (...) Suspendo este punto dada la forma en la que se irrespeta a los concejales”, dijo.

Navarrete explicó que la preocupación es mayor, puesto que el tiempo pasa y la póliza de 50 millones que cubriría los daños de las viviendas tiene un tiempo de vigencia. “Se caduca en abril de 2025. Cada vez hay menos tiempo y no nos dan solución”, explicó Navarrete.

Los estudios, en los que se determina que la construcción del metro incidió en los hundimientos, fueron realizados por la empresa Geo Global y los entregaron al Municipio de Quito, que a su vez entregó a la aseguradora. El informe no ha llegado a los habitantes de Solanda.

“Nos dicen que hay una cláusula de confidencialidad, pero nosotros somos los perjudicados. Tenemos derecho a saber qué dice ese informe”, dijo Proaño.

La edil Analía Ledesma explicó que se han invertido 1’300.000 dólares en una consultoría que no ha servido de nada. “El resultado dice que no es responsabilidad de nadie, pero vemos las situaciones críticas de las familias. Es desesperante”.

Por su parte, los vecinos de Solanda tenían previsto reunirse la noche del 15 de mayo para tomar decisiones en las acciones que tomarán. No se descarta declarar persona non grata al concejal Cueva.

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