El trágico asesinato del abogado Oscar Stid Cabezas Velasco, de 45 años, quien trabajaba en la Fiscalía en el cantón La Libertad, ha generado conmoción en la comunidad. Con 13 años de servicio en el Ministerio Público, Cabezas Velasco, proveniente de Bolívar, ingresó como pasante y se destacó por sus conocimientos legales, logrando un puesto permanente a pesar de una discapacidad en ambos brazos. 

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Su desempeño ejemplar le granjeó el respeto y admiración de sus colegas, como mencionó el fiscal Víctor Tomalá Perero: “Siempre cumplió a cabalidad. Lo vamos a extrañar por sus bromas y dedicación diaria en el trabajo”.

El fatídico suceso ocurrió la tarde del miércoles 10 de julio de 2024, cuando Cabezas Velasco volvía a pie a su hogar en el barrio UNE y fue emboscado a tan solo cien metros de su casa por dos individuos en motocicleta, quienes le dispararon mortalmente. Sus familiares, al escuchar los disparos, lo encontraron sin vida y bañado en sangre, clamando justicia entre lágrimas. A pesar de los esfuerzos policiales esa misma noche, los responsables del crimen no fueron capturados.

El abogado Cabezas Velasco estaba involucrado como testigo protegido en un caso que implicaba la suspensión de un fiscal y varios policías, y próximamente debía rendir declaración por su colaboración en las investigaciones. Su tarea incluía la redacción de informes sobre delitos graves como narcotráfico, sicariatos, robos y homicidios. A pesar de la peligrosidad inherente a sus labores, Cabezas Velasco optaba por desplazarse a pie, confiando en su honestidad como escudo protector.

Su amigo, el abogado Milton Villao, comentó: “Se confió, él decía que no tenía enemigos porque todo lo que realizaba lo hacía apegado a la verdad. Fue muy recto en su gestión”. Cabezas Velasco, reconocido en la región por ser padre de trillizos, era reconocido por sus compañeros por su dedicación para sacar adelante a su familia. Su sacrificio y amor por los suyos era evidente para todos los que lo conocían.

Este brutal crimen se suma a una creciente ola de violencia en la provincia de Santa Elena, donde en los últimos 40 días dos funcionarios de la Fiscalía han sido asesinados. El caso de Cabezas Velasco y la preocupante situación de seguridad en la región plantean interrogantes sobre la protección de quienes trabajan en el sistema judicial.

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