Han pasado siete años y tres meses desde el asesinato de Cristina Palacio en Cuenca, Azuay, y el doloroso recuerdo se activa en su familia, debido a una solicitud de extinción de la pena por parte del acusado, a quien, en diciembre de 2017, le impusieron una sentencia de 34 años y 8 meses de cárcel por el delito de femicidio.

El sospechoso de su muerte, Carlos Flores Santander, supuestamente falleció en un accidente de tránsito el 28 de abril de 2023 en Venezuela, un mes después de que se le concediera la libertad. Este hecho levanta sospechas.

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Sonia Salamea, madre de Cristina, no se sorprende por esta solicitud. “Estas acciones nos dejan a las familias de las víctimas desprotegidas y sin voz ante una justicia ciega”, expresó. Anhela el día en que pueda dejar de luchar por justicia y vivir en paz su duelo.

Según el proceso, la joven desapareció el 28 de marzo de 2017 y fue asesinada en una vivienda del sector de Misicata, en el sur de Cuenca. Su cuerpo fue arrojado al río Cuenca y encontrado días después. El sospechoso fue detenido al día siguiente de su desaparición.

Juan Carlos Salazar, abogado de la familia de la víctima, explica que fue notificado recientemente de esta nueva petición presentada por la defensa del procesado, hecho que genera dudas. Aunque se presenta un acta de defunción de Flores, en la audiencia de revisión de diciembre de 2023 no se notificó de su fallecimiento. Además, llama la atención que, después de más de un año de la fuga del sospechoso, se dé a conocer su presunta muerte.

Esta acción se suma a una serie de recursos presentados por los diferentes defensores que ha tenido Flores. “Cómo es posible que el ciudadano sentenciado haya hecho un cambio de abogado cuando ya había fallecido en 2023”, puntualizó Salazar.

Remigio Ramírez, abogado de Flores, explica que a finales de mayo de 2024 la familia del procesado le pidió tramitar la solicitud de extinción de la pena, debido a su supuesto fallecimiento.

Ramírez desconocía el presunto fallecimiento de su cliente durante la audiencia de revisión del caso en diciembre de 2023, ya que perdió contacto con él y su familia tras el cambio de abogado. “Yo contaba con un documento firmado por el señor Flores para representarlo en el proceso de revisión. Este documento lo realizamos días antes de que salga libre, beneficiado por el habeas corpus”, señaló.

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Ramírez dijo que el proceso de revisión lo llevó solo, ya que fue un “compromiso adquirido” y por el cual recibió sus honorarios. La sentencia por el femicidio de Cristina fue ratificada en dos instancias y casación, quedando en firme. Sin embargo, el acusado permaneció pocos meses en la cárcel de Turi, donde debía cumplir la sentencia.

Fue trasladado a diferentes cárceles hasta que, a través de un habeas corpus presentado por el abogado Ramírez, se determinó que permaneciera en la prisión de mínima seguridad de Azogues por supuesta necesidad de atención médica especializada.

En marzo de 2023, Flores fue liberado debido a un recurso presentado por la jueza de Montecristi, Manabí, Gina Zambrano, quien luego fue destituida por irregularidades legales. La nulidad del habeas corpus resultó en una orden de detención para Flores, pero no se logró dar con su paradero. Ahora, su supuesta muerte añade más incertidumbre al caso.

Al asambleísta Adrián Castro, el documento de defunción presentado por los abogados de Flores también le deja varias dudas que deberán ser resueltas tras el proceso de fiscalización que ha iniciado. “La fecha de la defunción es de 2023, y en ese mismo año (meses después), el mismo abogado presenta ante la Corte Constitucional el proceso de revisión”, dijo.

Por esta razón, el legislador pidió información al Registro Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Policía Nacional, Consejo de la Judicatura y al SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad).

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