El Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas dictó una sentencia condenatoria de 34 años y 8 meses de prisión contra Jelson Silver C. M., coautor del asesinato del abogado penalista Juan Antonio Neira Jaime. El crimen, que se llevó a cabo el 18 de mayo de 2022, tuvo lugar en pleno centro de la ciudad de Esmeraldas, cuando la víctima, de 58 años, fue atacada por la espalda en un estilo propio de sicariato.

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Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía de Esmeraldas presentó pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad de Jelson Silver C. M. en el asesinato. Entre las evidencias destacadas se encuentran el informe de levantamiento del cadáver, los testimonios de los peritos encargados de la escena del crimen, y un informe técnico de audio y video.

Además, un testigo presencial brindó un testimonio anticipado en el que identificó claramente al sentenciado en el lugar de los hechos.

El sentenciado no actuó solo en el crimen

La investigación reveló que Jelson Silver C. M. no fue el autor directo del asesinato, sino que desempeñó un papel clave como conductor de la motocicleta en la que huyeron los responsables del crimen. Según el relato de la Fiscalía, el crimen fue perpetrado por un sicario que atacó a la víctima por la espalda mientras esta se encontraba fuera de un local tipo "cyber" en el centro de Esmeraldas.

Testigos de los relataron en su momento que Neira había bajado de su despacho ubicado en el tercer piso del edificio Mutualista Luis Vargas Torres y se dirigía a almorzar en un restaurante cercano, pero no alcanzó a llegar y cuando se encontraba en la acera fue interceptado por dos sujetos a bordo de una moto. Uno de ellos se bajó y le propinó cuatro disparos, tres de ellos en la cabeza.

En su sentencia, el Tribunal consideró las circunstancias agravantes del caso, específicamente que el asesinato se cometió con la participación de más de una persona, como establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 47, numeral 5. De acuerdo con esta normativa, el hecho de que el crimen se llevara a cabo con la colaboración de otro individuo aumentó la gravedad de la pena.

Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal impuso una multa de 1.333 salarios básicos unificados y ordenó el pago de una reparación integral de 100.000 dólares a favor de los herederos de la víctima, como medida de resarcimiento por el daño ocasionado.

El asesinato de Juan Antonio N. J., quien había sido fiscal en Esmeraldas y ejercía como abogado penalista en la ciudad, conmocionó a la comunidad local y puso en evidencia la creciente violencia relacionada con el crimen organizado en la provincia.

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