Es un sinsentido. Solo en Ecuador suceden cosas como limitar la inversión privada en energía justo cuando más la necesitamos. Resulta incomprensible que la Comisión, encabezada por una legisladora oficialista, haya limitado en su informe para el primer debate del proyecto de ley urgente sobre el sector eléctrico—presentado por el presidente de la República—la posibilidad de que los pagos que las empresas públicas de distribución de energía deben realizar a las empresas privadas que invierten en la igualmente urgente generación eléctrica estén respaldados por garantías emitidas por el Estado o fideicomisos específicos.

El sector público ha demostrado ser un incumplidor crónico de sus obligaciones contractuales. En una emergencia como la que enfrentamos, es fundamental incentivar la inversión del sector privado en generación eléctrica con recursos propios. Para ello, el Estado debe garantizar que los pagos se realizarán de manera completa, puntual y libre de corrupción.

Además, resulta inexplicable la propuesta de limitar el tamaño de los proyectos privados de generación a 100 MW, incluso si no están incluidos en el Plan Maestro de Electricidad.

En esta situación excepcional, la Constitución no establece tales restricciones, por lo que sería más apropiado eliminar cualquier límite. Sin embargo, la Asamblea parece estar inclinada a hacer las cosas más complicadas.