La alarmante ola de violencia criminal que azota la provincia de Manabí carece de una respuesta efectiva por parte del Gobierno nacional; en su lugar, se ha encontrado un preocupante silencio.

El llamado a la militarización de la capital manabita, solicitado por su alcalde y amenazado de muerte junto con otros funcionarios locales, no solo genera conmoción, sino también indignación. Es de dominio público que esta región es un bastión de una de las organizaciones narcocriminales más temibles del país, y el recrudecimiento de los sicariatos se atribuye a la disputa territorial con bandas rivales.

Hace apenas un mes, el gabinete de seguridad implementó medidas reservadas para contener los crímenes en Manabí. Sin embargo, estas medidas están lejos de reflejar la cruda realidad que enfrentan los habitantes de esta provincia, quienes viven con el constante temor de convertirse en víctimas colaterales en esta interminable guerra.