El país atraviesa varias crisis, entre ellas una política, que le resta al Gobierno margen de acción en ciertos campos; pero eso no debería ser una excusa para que el Ministerio de Agricultura y el de Obras Públicas no enfoquen su tarea en lo urgente: los letales efectos que, se advierte, podría dejar el fenómeno de El Niño a fines de este año.

Restan seis meses para que las actuales autoridades dejen sus funciones y para que en su reemplazo asuman quienes ganen en las urnas, pero esa transición no debería desenfocar el trabajo de prevención. La preparación que requiere el país para enfrentar este desastre natural debe ser responsabilidad tanto de los funcionarios entrantes como de los salientes. La idea es minimizar efectos y no tener que repetir las millonarias pérdidas que este evento dejó en 1982 y 1998.

El poco tiempo que le resta en funciones no puede ser un pretexto para no actuar. No solo basta identificar ahora las áreas más vulnerables y decir que ya, en la actualidad, existen créditos flexibles para potenciales afectados; debería ahora mismo diseñarse una política integral que encamine la inversión en varios frentes: en el desarrollo de infraestructura y otros planes indispensables para afrontar las consecuencias propias de este tipo de eventos naturales. Al Niño hay que ganarle esta batalla.