La reciente ratificación de la condena contra Samara Solanda Rivera Saltos, viuda del fallecido Jorge Luis Zambrano González, alias JL o Rasquiña, reveló una vez más el alcance que habría tenido la estructura de Los Choneros dentro del sistema penitenciario y judicial del país. Rivera fue sentenciada a cinco años de prisión por el delito de asociación ilícita, pena que deberá cumplir en un centro de rehabilitación social, además del pago de una multa equivalente a diez salarios básicos unificados. Sin embargo, su paradero es actualmente desconocido.

Según el expediente judicial, Samara Rivera fue considerada autora mediata dentro de una organización que operó con el objetivo de obtener beneficios penitenciarios irregulares a favor de su pareja sentimental, alias Rasquiña, quien en 2013 había sido condenado a 20 años por asesinato. En 2020, esa pena fue reducida a ocho años, lo que le permitió salir en libertad anticipadamente (6 meses después, el 28 de diciembre, fue asesinado). El fallo que permitió esta reducción fue emitido por un juez que más adelante fue destituido y sentenciado por prevaricato, de acuerdo con lo expuesto en el expediente.

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Durante el juicio, la Fiscalía presentó como elementos de prueba llamadas telefónicas, registros de visitas y seguimientos que, a su criterio, evidenciaban que Rivera mantenía contacto directo con quienes tramitaban la liberación de Zambrano. También se presentó como contexto la existencia de una estructura delictiva conformada por jueces, abogados, funcionarios del SNAI y personas vinculadas a Los Choneros.

Vinculados con Samara Rivera

El caso de Rivera fue parte del proceso judicial abierto en 2020, con múltiples vinculados, entre ellos Jorge Luis Zambrano, Harrison Salcedo (su abogado) y otros actores. Varios de ellos fallecieron antes del fallo. El caso concluyó con tres sentencias condenatorias, incluida la de Rivera, ratificada por el tribunal de apelación el 14 de abril de 2025.

Actualmente, el liderazgo de Los Choneros está vinculado a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien permanece prófugo desde el 7 de enero de 2024, cuando se evadió de la cárcel Regional de Guayaquil. Macías había sido previamente llevado a La Roca, una prisión de máxima seguridad, pero fue trasladado en agosto de 2023 nuevamente a la Regional, por orden del juez Diego Poma, quien posteriormente fue destituido por el Consejo de la Judicatura tras una investigación disciplinaria.

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El traslado de Fito a la Regional fue cuestionado por el Gobierno, que consideró que se trató de una decisión judicial que ponía en riesgo la seguridad penitenciaria. La fuga de Fito ocurrió cinco meses después del traslado, y su escape fue uno de los detonantes para la declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador, emitida por el presidente Daniel Noboa el 9 de enero de 2024, tras la toma terrorista de TC Televisión, ordenada presuntamente por Willian Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, quien es líder de Los Tiguerones y ha sido también vinculado a Samara Rivera en las investigaciones..

¿Afecta esta situación a Fito y Los Choneros?

Tanto el caso de Samara Rivera como los antecedentes judiciales de Fito muestran elementos relacionados con decisiones judiciales favorables a miembros o figuras vinculadas a Los Choneros. Hasta el momento, no existe una causa penal abierta directamente contra Macías por asociación ilícita relacionada al caso de Rivera, aunque autoridades han insistido en que se investigan los nexos entre el crimen organizado y operadores judiciales, en diferentes casos.

El proceso que concluyó con la condena de Rivera fue iniciado en 2020 y vincula hechos ocurridos entre 2017 y 2020. Por su parte, Macías enfrenta otras causas judiciales, incluidas por delincuencia organizada, tráfico de drogas, y su actual condición de prófugo.

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