Camilo Ponce Enríquez es el más claro ejemplo de cómo el Estado se ha hecho de la vista gorda y ha dejado que las bandas delictivas hagan y deshagan en ese territorio, al punto de que prácticamente tengan el control. Llevar una década sin un catastro minero actualizado, como lo ha sacado a la luz este Diario, es una acción negligente. La responsabilidad de lo que ocurre allí y en otros lugares recae en todos los gobiernos pasados y en los ministros de Energía y Minas, que miraron hacia otro lado.

Ahora se está pagando caro ese descuido, porque la disyuntiva de los grupos mineros es si caen en las manos de los extorsionadores o si mejor se someten a los mafiosos. La fuerza pública tiembla de miedo al momento de poner orden.

Volver a tomar el control que se dejó escapar va a estar complicado, pero es prioritario hacerlo. Es eso, o seguir con un Estado paralelo que manda a punta de bala y extorsiones. Obviamente va a haber relajo y violencia, porque los pillos no van a soltar un solo centímetro de tierra ni de poder sin dar guerra, pero en algún momento hay que hacerle frente. Para empezar, hay que dar con los responsables de la violencia.

Las fuerzas de seguridad no pueden dejarse ganar la guerra de los violentos; el país se lo demanda y exige.

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