El año pasado se produjeron en las principales ciudades del país, sobre todo en Quito, grandes y violentas manifestaciones, bajo la instigación de las organizaciones indígenas ante el anuncio hecho por el gobierno de que se suprimirían los subsidios que desde hace años se aplican a los combustibles lo que, por ende, subirían los precios de las gasolinas y el diésel. Hasta hoy la justicia sigue procesando a varios ciudadanos, entre ellos la prefecta de Pichincha y un exasambleísta, por instigar estos reclamos callejeros que causaron grandes enfrentamientos con las fuerzas públicas, destrucción y saqueo.

Cerca de un año después el gobierno, sin temor a nuevos pronunciamientos con la misma violencia, anunció el pasado viernes 11 de septiembre que están rigiendo nuevos precios para los combustibles. Pero no es el resultado del retiro de los viejos subsidios, sino el efecto por la baja del precio del barril del petróleo en el mercado internacional. También se anunció a los consumidores –dueños de automotores y empresarios fabriles sobre todo- que estos precios no se mantendrían fijos, sino que serían actualizados con frecuencia mensual.

En las estaciones públicas y privadas de expendios de gasolina y diésel se mantendrán hasta el 10 de octubre los precios fijados por cada galón de la gasolina súper, extra y ecopaís, notificándose, además, que el precio del diésel se incrementó con relación a las necesidades de los consumidores.