Que las luces de las fiestas navideñas y del Año Nuevo no nos distraigan de algo importante para los ecuatorianos en medio de la crisis de apagones: cómo se han manejado los contratos para la generación de energía por parte del Gobierno.

Es momento de arrojar luz sobre el caos que rodea estos contratos millonarios, firmados para instalar generadores de fuel oil en las plantas de Salitral y Quevedo. El Ministerio de Energía ya admitió que ha habido retrasos desde noviembre, entre otros problemas. Ahora, con la Contraloría investigando posibles irregularidades, las autoridades deben ser completamente transparentes y proporcionar toda la información sin reservas.

Cada centavo del bolsillo de los ecuatorianos está en juego. Los contratos públicos no deberían responder a intereses privados, sino a la urgente necesidad de ofrecer soluciones rápidas, eficaces y justas a los problemas que afectan a la ciudadanía. No basta con anunciar sanciones por las demoras en la ejecución de los contratos; es crucial acabar con la sombra que rodea todo este proceso. Nadie quiere volver a sufrir los odiosos cortes de energía, ni el pueblo, ni las empresas; todos igualmente afectados por la negligencia, la falta de previsión y la corrupción.