La desaparición de cuatro menores de edad en Las Malvinas, en medio de un operativo militar, ha expuesto una dolorosa y alarmante realidad que muchos padres ya temían: la vulnerabilidad de sus hijos en un país que parece no garantizar su seguridad. Este caso es solo la punta del iceberg, pues no se trata solo de niños desaparecidos, sino de una crisis mucho más profunda. Los menores, víctimas colaterales de la violencia que azota las calles de nuestro país, han pagado el precio de un Estado ausente que no puede proteger a los más inocentes. La incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad básica es una deuda impaga con el pueblo ecuatoriano.

Las preguntas que quedan en el aire son qué garantías tienen los padres de que sus hijos podrán caminar por las calles sin miedo, y si podrán los niños salir a jugar sin el temor de convertirse en víctimas de una guerra ajena. Las respuestas llegan tarde, demasiado tarde.

Los niños en Ecuador no solo son víctimas de la violencia armada, sino también de un sistema que les niega acceso a una educación de calidad, a una salud digna y a un entorno seguro donde puedan desarrollarse. El Estado debe actuar de inmediato, no solo para aclarar el caso, sino para garantizar un futuro seguro para los más pequeños.