La migración ecuatoriana ha aumentado en los últimos años debido a la crisis económica, política y social que afecta al país. Miles de compatriotas han salido en busca de mejores oportunidades laborales, educativas y de seguridad, al no encontrar respuestas dentro de Ecuador. La reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos complica aún más la situación. Su política antimigrante, que amenaza con deportaciones masivas, pone en riesgo a miles de compatriotas que se han establecido en ese país. El Vaticano ha expresado su preocupación, señalando el riesgo para los migrantes y alertando sobre las consecuencias humanitarias de una política de expulsión indiscriminada.

El Gobierno enfrenta un desafío urgente: cómo frenar el éxodo de sus ciudadanos y proteger a aquellos que ya se encuentran en el extranjero. Es necesario abordar las causas estructurales de la migración. Esto implica crear políticas económicas inclusivas que generen empleo, mejorar la calidad de los servicios públicos, como salud y educación, y fomentar el desarrollo en las regiones más afectadas por la pobreza. Pero el panorama pinta difícil, porque a duras penas puede la energía en los hogares, y mucho menos remediar el abandono histórico de las provincias, donde, ante la falta de bienestar, los ciudadanos prefieren arriesgar sus vidas para llegar a la ‘Yoni’.