La infiltración de tribus y mafias en los hospitales del Seguro Social y el Ministerio de Salud ha llegado a un punto tan alto que ahora los directivos de estas casas de salud necesitan seguridad hasta en las propias instalaciones. Esta medida, aunque necesaria, refleja la gravedad de la situación de inseguridad y la debilidad institucional del sector sanitario.

Los grupos criminales ahora utilizan los recursos destinados a la salud pública para sus propios fines ilícitos. Desde la venta de medicamentos hasta el uso de ambulancias para atender a sus heridos de actividades delictivas. Su presencia, además, pone en riesgo la seguridad de pacientes y profesionales de la salud, y socava la confianza en el sistema sanitario.

El gobierno, los directivos y los cuerpos de seguridad no pueden permitir que hasta las casas de salud estén controladas por intereses oscuros. Su recuperación debe ser una prioridad nacional, para lo cual se requiere la intervención decidida de los grupos de inteligencia militar y policial, que tienen la capacidad de identificar y neutralizar a los elementos infiltrados.

La coordinación entre las fuerzas del orden y los directivos hospitalarios es esencial para el éxito de cualquier plan que se aplique. Es fundamental la implementación de medidas de control y vigilancia.

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