El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) ha hecho una muy grave denuncia ante el país en el sentido de que se están multiplicando los casos de corrupción en la compra de vehículos a menor precio para las personas discapacidades o movilidad reducida, acogiéndose al beneficio que se establece en una ley vigente.

Se trata, pues, de un típico caso de extorsión en que se pide a los interesados una cantidad de dinero (entre 600 y 1.000 dólares) para otorgarles el correspondiente documento de autorización con el cual pueden adquirir automotores a un precio muy especial (exonerados de impuestos). En unos casos se trata de personas que por su estado físico con agravantes merecen este descuento, ya que requieren desplazarse sin mayor esfuerzo por calles y carreteras, aunque en otros hay quienes, sin tener ningún tipo de discapacidad, se aprovechan de esta ley. Así, unos y otros, se ven obligados a hacer estos pagos ilegales a determinados funcionarios que logran buenas e ilegales ganancias aprovechando de las actividades que ejercen.

Con esta modalidad tramposa, según los datos del Conadis, de los 4.300 carros que se vendieron acogiéndose a este beneficio de ley, más de 1.700 fueron a través de la extorsión con el pago a intermediarios.