Vicente Terán está reforzando las puertas, paredes y ventanas de su domicilio por si acaso sucedan manifestaciones violentas y él termine atrincherado por días.

El hombre vive en la intersección de las avenidas Tarqui y 12 de Octubre, cerca del parque El Arbolito, en el centro norte de Quito.

Esta esquina se ha convertido históricamente en el punto crítico de las manifestaciones sociales. Y los habitantes que radican en el lugar tienen miedo de que nuevamente se desate la ‘guerra’ entre la fuerza pública y los protestantes.

El anuncio que el movimiento indígena dio sobre una posible jornada de paralización para el miércoles 8 de marzo por la crisis económica e institucional que vive el país, puso en jaque a los ‘vecis’.

Por eso, Terán prepara su casa que se ha convertido en un ‘búnker antiparo’. Según sus cálculos, en las últimas dos décadas ha gastado más de 30 ‘lucas’ en reparaciones.

Cristales rotos, puertas destruidas, paredes trizadas y el ánimo ‘por los suelos’ han sido las secuelas que le han dejado las movilizaciones.

Cada jornada de paralización, Terán aprende algo. En la última, en junio de 2022, se dio cuenta de que el gas lacrimógeno entraba a su domicilio por diferentes hendijas. Por eso ahora se gastó una cinta de embalaje en los bordes para que el gas no entre y se asfixie.

Además, colocará cadenas para que los manifestantes no accedan a un pequeño pasillo que hay en la puerta principal. “Ese lugar lo convirtieron en un baño público y cuando les reclamé que se fueran me rompieron los vidrios”.

Por si fuera poco, el morador, quien vive más de 60 años en ese lugar, prepara a sus perros para atacar por si algún intruso quiera pasarse de vivo como el año pasado. Terán fue víctima de robo mientras regresaba con víveres para aguantar los días de paralización.

Pasado imborrable

Dos cuadras más al sur, frente a la Asamblea Nacional, Martha Yambai trata de no llorar mientras recuerda lo que sufrió durante el paro del año pasado en el que terminó sin su sustento de vida.

Los manifestantes desprendieron el quiosco en el que laboraba, en la calle Tarqui, y se llevaron más de 1.000 dólares en mercadería. Por suerte, recuperó el puesto y está unas calles más al sur, pero no recupera todo lo que perdió.

La mujer, de 64 años, asegura que las movilizaciones no ayudan a cambiar la realidad del país porque “se pierde el trabajo, no podemos trasladarnos y ese tiempo no vuelve”.

Cerca del edificio de la Contraloría, Alfredo Aguilar levanta su puesto cada mañana para lustrar zapatos. Ante la posibilidad de un paro con disturbios, dice: “hay que trabajar hasta lo que se pueda”.

En las jornadas de protestas del 2022, Aguilar laboraba hasta que, según él, las cosas se ponían ‘calientes’. Solo se retiraba cuando ‘llovían’ las piedras. “Lanzaban gas y me cubría el rostro, me alejaba un ratito y volvía al puesto”.