Las 13 personas detenidas el pasado 16 de octubre —7 de ellos militares en servicio activo— están llamados a comparecer ante la Fiscalía General este 14 de noviembre. El pedido era que se acerquen a rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento. El objetivo, finalmente, no se logró.

El delito que aquí se investiga es tráfico de armas, municiones y explosivos pertenecientes a las bodegas de las Fuerzas Armadas.

Para cumplir con esta disposición los detenidos debían ser trasladados desde Latacunga, donde permanecen con prisión preventiva, hasta Quito. Aparentemente esta fue la parte que no se dio y por lo que las diligencias tuvieron que ser suspendidas.

En el grupo que se esperaba hay una sola mujer, alias Sobeida, quien estaba citada a las 08:30 para hablar de esta red, en donde se la sitúa como líder.

A paso lento

Erick David Huilca, defensor de uno de los militares procesados, llegó hasta la Fiscalía y dijo que el caso no ha avanzado mucho y que “recién esta semana se han dado algunas diligencias”. Entre ellas, tomar las versiones a Comandantes respecto a cómo se dio la fuga de municiones.

El militar al que Huilca representa fue detenido en los allanamientos que se realizaron en Guayaquil. Como detalle adicional mencionó que la función de él era la de “rastrillero y se encontraba a cargo de la bodega de armas y no de municiones, que fue donde hubo el faltante”.

Por esa razón, el abogado considera que no hay motivos para mantener a su defendido en prisión: “Mi cliente que no tiene mayor participación en el hecho, se lo relaciona por una simple llamada telefónica a un mensajero, que sí tendría algún tipo de participación”.

Huilca cree que el caso lleva un retraso, en especial, porque a pesar que él y otros colegas han presentado su apelación a la prisión preventiva, aún no han obtenido respuesta. Espera que de esa parte pronto se encargue la justicia de Esmeraldas.