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Terrorismo en Ecuador: ¿La crisis carcelaria justifica dejar libres a delincuentes?
Beneficios penitenciarios “no son para los pobres”, sostiene exdirector del SNAI. Expertos hablan acerca de la liberación de terroristas en el país
Los operativos del denominado Plan Fénix, ejecutados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dan resultados, pues en las 18.108 operaciones realizadas entre el 9 de enero y las 05:00 del martes 16 de enero, en este 2024, fueron detenidos 1.753 sospechosos. De esos, 158 serían terroristas. Estos detalles son actualizados y mostrados a diario, junto a otras cifras favorables, por la Presidencia de la República.
Lo que no se expone en la propaganda oficial es cuántos de estos detenidos están con prisión preventiva, pues la duda ha empezado a surgir entre los ciudadanos, luego de que se conociera la liberación -con medidas alternativas a la prisión- de cinco presuntos integrantes del grupo terrorista Los Lagartos, por disposición de un juez.
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Estos individuos habían sido detenidos con armamento, municiones e incluso drogas, según lo informado por los militares el 12 de enero. Otro caso que llamó la atención de los ecuatorianos, quienes se expresan a través de redes sociales, es el de la liberación -también con medidas sustitutivas- de un sujeto atrapado con más de media tonelada de cocaína, en Quito. Pese al pedido de la Fiscalía, una jueza argumentó, entre sus justificaciones, la grave crisis carcelaria.
El abogado Julio César Cueva, experto constitucionalista y penalista, sostiene que este tipo de consideraciones, para no mandar a alguien a la cárcel, no son válidas, porque la entidad que debe resolver la situación de los presos y sus crisis es el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), no los jueces.
Para el jurista, la prisión preventiva se ha hecho para evitar la fuga de los procesados, para que comparezcan al juicio, sobre todo en casos graves. “El juez (que actúe de esta manera) debe ser investigado por error inexcusable (...), para que la Judicatura sienta un precedente de que este tipo de justificaciones absurdas, que más suenan a corrupción, no se pueden dar en el país”.
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Cueva explica que este tipo de actuaciones pueden tener un efecto negativo en los uniformados: “se va a desanimar la fuerza pública, porque en efecto es lo que la gente dice: ellos los agarran y otros los aflojan”. Sin embargo, aclara que hay que analizar caso por caso, porque puede haber excepciones.
- Otra de las razones de las que se valdrían los jueces para no dictar prisión preventiva es una recomendación de la Corte Nacional de Justicia, para proteger la integridad de los procesados. No obstante, un fiscal (bajo reserva) aclara que se trata únicamente de una sugerencia, no de una disposición obligatoria, pero él cree que esto es una ‘picardía’ de ciertos magistrados.
- Kléber Carrión, oficial pasivo de la Policía y exdirector del SNAI en Santo Domingo, explica que desde la Constitución de 2008 hay garantías a favor de los delincuentes, porque esta establece “la mínima intervención penal” y que “la prisión preventiva es de última ratio”. El especialista indica que el primer punto establece que incluso, en algunos casos, se pueda llegar a conciliaciones, mientras que el segundo apunta a dejar como última opción la prisión preventiva. Y es a lo que se acogerían ciertos funcionarios judiciales para no enviar a la cárcel a algunas personas.
- Para Carrión, eso está bien, sobre todo para personas que son atrapadas por primera vez y por delitos que no son de gravedad, pero no para que se justifiquen medidas a favor de peligrosos delincuentes, narcotraficantes o terroristas. El exfuncionario agrega que, por lo general, quienes se benefician de estas disposiciones no son personas pobres, sino personas con dinero, líderes o gente con hegemonía en los grupos criminales. “No podría dar estadísticas, porque lamentablemente no las tengo, pero casi siempre es un denominador”, asegura.
- Una medida para liberar las cárceles, según Carrión, sería la revisión de los casos de reos que tienen enfermedades catastróficas o que son adultos mayores, hasta cerca de morir, pues ellos podrían salir. A ellos se deberían sumar personas que hayan cumplido al menos el 60 % de sus penas, por delitos que no son de conmoción y que no sean reincidentes. Para Carrión, en corto plazo sería la mejor solución para hacer espacio en las cárceles.
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