En los cantones de la parte alta de El Oro (Piñas, Portovelo y Zaruma), los vecinos están alarmados por la presencia de drones que sobrevuelan las zonas rurales y urbanas. Temen que estos dispositivos sean usados por bandas criminales para recolectar información y luego extorsionar o robar.

“Un amigo que tiene un negocio me contó que lo estaban extorsionando, y para eso le hicieron inteligencia, utilizando un dron”, relata un ciudadano de Piñas, quien también menciona cómo en los grupos de WhatsApp locales la gente reporta avistamientos de estos aparatos. “No sabemos si son de la policía o de las bandas, pero el miedo está”, añade.

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El intendente de policía de El Oro y gobernador encargado, Borys Carrión, confirmó que la región está inmersa en una “guerra de bandas criminales” que no solo afecta a esta provincia, sino también a sectores cercanos como Tenguel (parroquia rural de Guayaquil) y el cantón Balao, en Guayas, y Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. 

El funcionario mencionó que estas agrupaciones delictivas se financian mediante la extorsión, pero que también están ligadas a actividades más lucrativas, como la minería ilegal.

Según sus declaraciones, este negocio tiene actualmente su centro de operaciones en la zona minera de Ponce Enríquez, una localidad que, aunque no pertenezca a El Oro, generaría un mayor impacto negativo en esta provincia que en Azuay o su capital, Cuenca, ya que reduce los recursos y el contingente que debería estar trabajando en la jurisdicción a su cargo.

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“Los militares y los policías que operan en Ponce Enríquez son de acá, son de la Brigada de Infantería de El Oro, que tiene que enviar a su personal allá, lo cual hace que tampoco esté todo el tiempo acá”, argumentó Carrión, enfatizando la compleja situación de seguridad que enfrenta la zona.

El gobernador subrogante reveló que también “se ha presentado esta guerra en otros sectores, como Torata”, evidenciando que la violencia se ha extendido a distintas partes de la provincia. Esta situación -añadió- ha obligado a que el Ministerio del Interior analice detalladamente el caso de Zaruma, otra zona minera que también ha experimentado un aumento en los homicidios intencionales.

En este cantón, el número de muertes violentas ha aumentado significativamente, pasando de 1 caso en el año 2023 a 10 en lo que va de este 2024, entre el 1 de enero y el 18 de agosto. Esto representa un incremento del 900% en este tipo de crímenes.

Sin embargo, los robos han disminuido. “El robo a personas ha bajado un 12%, el robo de motos un 27%, el robo de carros un 32%, y el robo a domicilios un 11%”, detalló el gobernador encargado. Subrayó que estos datos provienen de denuncias presentadas de manera formal, aunque reconoció la posibilidad de cifras negras, que podrían ser más altas.

Además, indicó que “el robo a unidades económicas ha bajado en un 55%, el robo de bienes accesorios y autopartes de vehículos en un 13%, y los robos en ejes viales o carreteras se han reducido en un 41%”. Carrión puntualizó que, aunque los números reflejan una disminución en la mayoría de delitos, “el peso psicológico de la forma en que se está llevando a cabo esta guerra cruel realmente preocupa”.

Es por eso que, a su decir, esto genera una percepción de inseguridad entre la ciudadanía que, si bien es comprensible, no necesariamente se alinea con las cifras oficiales.

Las cifras oficiales no reflejarían lo que vive la gente. A pesar de que solo se han presentado cinco denuncias por extorsión en el Distrito Zaruma (conformado por Zaruma, Atahualpa y Portovelo), la verdad sería más preocupante.

“Todos sabemos que esas cifras no muestran la realidad, aquí no hay persona que no tenga un amigo o conocido que sea víctima de extorsión. Ellos acceden porque tienen miedo a perder su familia”, lamentó un ciudadano (omitió su identidad por miedo), quien tiene un amigo víctima de extorsión en Portovelo.

Pero ese no es el único caso cercano a él que decidió exponer, pues también relató un hecho en el que otro de sus conocidos, el empresario minero Gonzalo Fabián Valverde Espinoza, fue asesinado tras ser extorsionado. “Le dispararon al menos seis veces mientras salía (de su casa) con su esposa”, recordó.

El jefe de Operaciones del Distrito Zaruma, Carlos Javier Realpe Portilla, reconoce que la falta de denuncias es un obstáculo para la Policía. Y señala estar consciente de que el temor a represalias ha impedido que más víctimas se acerquen a las autoridades. “Estamos trabajando en estrategias para fomentar la denuncia y desarticular las bandas que operan en la zona”, aseguró Portilla.

El oficial destacó las labores de la Policía Nacional y reiteró la gravedad del problema de extorsión en la zona. “Estamos trabajando con las unidades de investigación para desarticular las organizaciones delictivas responsables”, señaló. Y aclaró que, aunque la Policía Preventiva no opera directamente en las minas, existen equipos especializados que se encargan de realizar operativos en estas áreas.

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“Nosotros (Servicio Urbano) nos enfocamos en las vías y la seguridad ciudadana (...). No hemos tenido mayores problemas en las zonas mineras recientemente, pero estamos enfocados en prevenir cualquier conflicto y mantener la paz en el Distrito”, sostuvo el jefe policial.

Sin embargo, esta paz no es del todo percibida por los habitantes. A pesar de la presencia policial, muchos temen acudir a las autoridades ante cualquier eventualidad por miedo a represalias. “El ciudadano a veces se encuentra en una situación de incertidumbre: si acudir o no a la policía”, comentó un residente, atemorizado.

Según algunos habitantes, la situación se agrava en esta zona con la presencia de una ‘población flotante’ de extranjeros, que algunos ven como una amenaza potencial. “Estamos dando cabida en nuestras propias casas a gente que no busca medios de trabajo, sino que más bien está buscando medios de delinquir”, lamentó un residente de Zaruma.

Además, por la sensación de inseguridad, los arriendos han disminuido sus costos. Por ejemplo, un apartamento por el que antes se pagaba 180 dólares, ahora puede ser encontrado en $ 150 o hasta en $ 120. “No imaginamos a quiénes estamos dando nuestra casa, ya ha sucedido que encuentran armas o llegan, alquilan un departamento para hacer su inteligencia y luego se van. Así ocurrió para robar el cajero en Portovelo el año pasado”, afirmó un habitante.

El miedo en la parte alta de El Oro es palpable, más aún cuando para los residentes el cierre de este ciclo de violencia parece lejano y deben enfrentar esta aparente creciente de inseguridad con desconfianza y miedo, sobre todo porque temen que la situación se agrave y que los cantones mineros se conviertan en un nuevo Ponce Enríquez, con masacres.

Un habitante de Zaruma comentó que “el tema del metal realmente mueve mucho capital (...). Eso es un atractivo para la gente que está en estos actos delincuenciales”. Su perspectiva refleja la realidad, ya que en los últimos años el oro ha superado a la cocaína como el recurso más codiciado por las organizaciones criminales en Ecuador, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

Renato Rivera, coordinador de esta institución, explica que el aumento del valor del oro en el mercado global ha generado un renovado interés por parte de diferentes bandas, que buscan controlar zonas con alta actividad minera ilegal. El Banco Central del Ecuador registra, al 27 de agosto de 2024, el precio internacional del gramo de oro en $80. Este valor ha aumentado desde el 2 de enero de este año, cuando estaba fijado en $66,47.

Por otro lado, la cocaína mantiene precios locales de entre 1 y 3 dólares por gramo, mientras que el valor internacional varía según el destino. Fuentes policiales indican que en Norteamérica cuesta entre $20 y $35, y en Europa llega hasta $60 (precio de llegada en puertos), con un costo mayor mientras más lejano sea el destino. Rivera señala que esta realidad ha desencadenado una lucha territorial violenta entre las organizaciones criminales, que ahora buscan dominar áreas de extracción minera que hasta hace poco estaban al margen de su control.

El especialista detalla que estas organizaciones han comenzado a controlar dichas zonas, utilizando tácticas de extorsión y violencia para someter a los mineros ilegales. “Les ofrecen, entre comillas, protección, lo que en realidad es una forma de extorsión para permitirles continuar con sus actividades”, concluye Rivera.

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