La instrucción fiscal por el asesinato de una adulta mayor en Quito continúa su curso, mientras los sospechosos permanecen bajo prisión preventiva, tal como lo ordenó el juez que conoció la causa. El hecho se registró a las 10:20 del 16 de marzo, en la calle Pedregal, Rumipamba, sector Altamira. La Fiscalía procesa a Joffre Esteban y Juan Francisco, este último nieto de la víctima, como presuntos autores del crimen.

Según la investigación, la motivación detrás del crimen sería el intento de apoderarse de los bienes de la víctima, de 70 años, quien contaba con una situación económica solvente. La Fiscalía ha recopilado pruebas suficientes que apuntan a Juan Francisco a, presuntamente, orquestar el asesinato de su abuela.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías presentó pruebas clave obtenidas a través de diversas diligencias, como el levantamiento de videos de cámaras de seguridad. En las grabaciones se observan los movimientos de los presuntos asesinos antes del crimen.

El nieto vivía con su abuela victimada afuera de una iglesia

Los disparos fueron ejecutados desde una motocicleta, de color rojo con blanco, hacia el vehículo en el que se movilizaba la víctima. Ella había llegado hasta la calle Pedregal para ingresar a un culto religioso dentro de una iglesia que funciona en una casa de la zona.

Se receptaron versiones de familiares, incluyendo la de un hijo de la víctima, quien confirmó que Juan Francisco vivía con la abuela desde noviembre de 2023. Esto tras la privación de libertad de su padre, quien es hijo de la víctima.

Con estos elementos, la Fiscalía llevó a cabo allanamientos la noche del 9 de abril y la madrugada del 10 de abril de 2025, en el norte de Quito. Durante los operativos, Joffre Esteban fue detenido en un inmueble de Llano Grande, mientras que Juan Francisco fue arrestado en la misma vivienda donde residía con la víctima.

En los inmuebles allanados se encontraron indicios que vinculan a los sospechosos con el crimen. Con base en estos elementos, la Fiscalía formuló cargos por asesinato, según el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena privativa de libertad de 26 a 30 años.

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