El caso de una segunda menor de edad víctima de violación durante el viaje de fin de curso de estudiantes de un colegio de Guayaquil, fue denunciado públicamente la mañana de ayer por el abogado Fernando Rosero, jurista defensor de la primera perjudicada de este caso.

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Rosero explicó que conoció del segundo abuso sexual un día después (5 de marzo) de que los medios de comunicación se hicieran eco del hecho, que ocurrió en un resort en Punta Cana, República Dominicana, el pasado mes de noviembre de 2023.

El abogado aseguró que la agresión sexual se perpetró simultáneamente a la violación de la primera menor de edad, quien había sido drogada con escopolamina y llevada a una habitación para ser ultrajada por un compañero, mientras otros dos vigilaban la puerta.

Detalló que mientras el menor violaba a su compañera, uno de los ‘campaneros’, quien es de nacionalidad chilena y ya salió del país, se coló por una ventana al cuarto de otra adolescente y también abusó de ella. Añadió que la familia de esta no había denunciado el caso por vergüenza y para no revictimizarla.

Tras conocerse el delito, la familia de la primera afectada realizó las denuncias respectivas tanto en República Dominicana, donde ocurrió la violación, como en Ecuador, donde residían todos los acusados y víctimas. Además, se solicitó cooperación internacional entre las fiscalías de ambas naciones, la cual fue aceptada.

Uno de los involucrados se ha ofrecido a ser testigo protegido para ofrecer su versión de los hechos y colaborar con las investigaciones.

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Sin embargo, la familia de la estudiante se quejó de lo demorado del proceso, pues la denuncia se hizo a finales de noviembre de 2023 y hasta la fecha no se ha hecho ninguna de las diligencias solicitadas. Esta supuesta inacción permitió que dos de los tres acusados abandonaran el país.

Entre los pedidos está que se tome muestras de ADN de los sospechosos para cotejarlas con las extraídas durante el examen ginecológico en que se comprobó la violación de la estudiante.

EXTRA conoció que el caso, que inicialmente estaba designado a la fiscal Rosa Matamoros, cambió de manos a su compañero César Peña, quien indicó que existe un plazo de 90 días, a partir del 19 de febrero, para realizar las pericias, las cuales ya fueron solicitadas.

El abogado penalista Nino Cassanello explicó que el artículo 404 del Código Orgánico Integral Penal contempla las “reglas de competencia” para que un delito ocurrido en otro país pueda juzgarse en Ecuador, cuando el o los partícipes son de nacionalidad ecuatoriana.

El jurista añadió que se debe aplicar una asistencia penal internacional y que de darse el juzgamiento, deberá hacérselo bajo las leyes locales. Además, enfatizó que pese a que uno de los involucrados ahora es mayor de edad, deberá ser juzgado como menor debido a que lo era cuando ocurrió el crimen.

La exviceministra de Educación Cinthya Game explicó que cuando se planifica un viaje estudiantil en el que tiene intervención un plantel educativo, se debe informar al distrito de Educación, el cual a su vez debe autorizar la actividad. “Si lo organizaron los alumnos y sus padres por su cuenta, no se puede sancionar a la institución, pues es posible que ni siquiera conociera de la planificación del viaje”.

Game añadió que de todas formas se debe investigar y tomar en cuenta el código de convivencia de la unidad educativa, pues este puede contemplar normas para estos casos.

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