El 23 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio un segundo paso en torno a una investigación de un presunto delito relacionado con el contrabando de combustible, en el denominado caso Triple A. El Gobierno de Daniel Noboa presentó una denuncia el 12 de julio pasado, de hecho acusa al negocio familiar del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a una empresa cercana en la que constan como accionistas otras personas.

Ese día, agentes de la Fiscalía y de la Policía allanaron las oficinas de Gasolineras Copedesa Gasgrupco S. A. Fueron siete allanamientos simultáneos en las ciudades de Guayaquil y Milagro, en la provincia del Guayas.

(Te invitamos a leer: Caso Triple A: La Fiscalía allanó la empresa del alcalde Aquiles Álvarez en Guayaquil)

Diario EXTRA revisó las relaciones existentes entre las empresas señaladas en la denuncia de la Secretaría de Integridad Pública para mapear las conexiones entre empresas y entre socios o administradores, ante los intentos de Álvarez de tomar distancia.

“La denuncia es contra Fuelcorp S. A. y nos van metiendo de enganche a mis hermanos y a mí”, dijo el alcalde de Guayaquil en el enlace radial del 17 de julio pasado.

En los registros de la Fiscalía consta una denuncia presentada el 12 de julio anterior, por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. Este registro consta en el sistema y se lo puede revisar al consultar la existencia de noticias del delito con los nombres del alcalde, sus hermanos o las empresas antes citadas, aunque no hay mayor detalle.

En la denuncia, el Gobierno explica que "producto del análisis efectuado entre la información de volúmenes despachados por Petroecuador EP y la información a detalle de facturación electrónica de las estaciones de servicio informadas por la agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero se estableció que FUELCORP S.A. habría facturado 745.718 galones adicionales de diésel, de lo que fue abastecido por Petroecuador EP".

El Gobierno agregó que "producto de la información complementaria, se identificó que GASOLINERAS COPEDESA GASGRUPCO S. A. facturó a FUELCORP S.A. 2.183,546 galones de diésel" y que "de la revisión efectuada a nuestros registros, se pudo constatar que GASGRUPCO 5.A. no corresponde a una comercializadora autorizada para el abastecimiento de combustible a FUELCORP S.A.".

(No te pierdas: ¿Quién es el ciudadano chino detenido por exceso de velocidad en Quito?)

Fuelcorp S. A. registra como accionistas a José Franco Magallanes, a José Cevallos Avellán y a César Bravo Ibáñez. Franco era el gerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil. Él renunció días a´trás luego de la denuncia.

En el escrito presentado por el Gobierno se señala a estas tres personas como responsables de "aprobar el balance y estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2023, validando esta comercialización no autorizada".

Bravo Ibáñez es la otra conexión entre los Álvarez y Fuelcorp S. A. Según los registros de la Superintendencia de Compañías, esta persona también consta como accionista de la Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S. A., una empresa que no ha sido señalada en la denuncia. Ahí, él comparte participaciones con Aquiles Álvarez y sus dos hermanos, Xavier y Antonio.

De acuerdo con los registros de la Contraloría, Bravo ha sido viceministro de Hidrocarburos, director en la Agencia de Control de Hidrocarburos, jefe de Coordinación en Petroamazonas, entre otros cargos en el entonces Ministerio de Recursos No Renovables.

Sobre la acusación, Álvarez trató de defenderse en el enlace radial del 17 de julio, un espacio en el que el funcionario debería de tratar temas inherentes de su cargo. "Copedesa es una comercializadora de combustible que, dentro de su red, tiene gasolineras propias, que son las de mis hermanos y mías, pero también tiene afiliados. En este caso, Fuelcorp S. A. est´á afiliada a Copedesa; y por supuesto una comercializadora que tiene contrato con el Estado para comercializar le puede vender a su afiliada, que es Fuelcorp, que es distribuidora (...). Ahora tendremos mis hermanos y yo que comparecer como accionistas y lo vamos a hacer; pero desde ya aclaro que tenemos los permisos para comercializar combustible. Y eso se lo probará en el proceso", dijo.

En otra parte del escrito de la denuncia, el Gobierno hizo énfasis en el señalamiento a los hermanos Álvarez. "Con respecto a GASOLINERAS COPEDESA GASGRUPCO S. A., los accionistas son los señores: Antonio José Álvarez Henriques, Aquiles David Álvarez Henriques, Xavier Mario Alvares Henriques (accionista y administrador), y grupo ALVAS S. A. quienes aprueban balances y estados financieros de la compañia GASGRUPCO S. A. es decir, todos quienes ejercen la titularidad y administración de la compañia para llevar a cabo la comercialización no autorizada, con el propósito de generar beneficios económicos para la compañia (sic)".

 

En una revisión a los registros de Fuelcorp. S. A., Gasgrupco S. A. y Copedesa S. A., este Diario también identificó que las tres compañías comparten el mismo correo electrónico, jdgonzalez@anavisa.com. Y Gasgrupco S. A. y Copedesa S. A. -cuyo accionista es César Bravo Ibáñez, también dueño de Fuelcorp-, registran la misma dirección, en Los Ríos y Clemente Ballén, y el mismo número de contacto telefónico.

El caso que investiga la Fiscalía está en la fase de investigación previa, aún están por cumplirse varias diligencias para sumar indicios que en lo posterior servirán al Ministerio Público para formular cargos, de ser necesario.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!