Los hermanos Alvarado ya no confían en el ECU 911. No saben a quién acudirán cuando surja alguna emergencia luego de lo que pasó con su madre. Por si fuera poco, ahora tienen que tolerar, según ellos, la indiferencia de las autoridades y la persecución de empleados de las funerarias.

Su progenitora murió de un derrame cerebral. Minutos antes del deceso, ellos llamaron a la central de emergencia para que les ayudaran con una ambulancia, pero en lugar de eso llegaron personas ofreciendo servicios exequiales.

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Con el caso se desveló el esquema que favorecería a las funerarias con la supuesta filtración de información privada por parte del ECU 911.

La semana pasada, Isabel Alvarado fue hasta la institución para dejar un escrito en el que exigía respuestas de cómo los empleados de las funerarias obtuvieron información personal antes de que, incluso, su madre falleciera.

Dejó en claro que era una negligencia de parte del ECU 911 que divulguen sus datos. Adjuntó capturas de las decenas de llamadas y los contactos de quienes la persuadieron. Isabel cuenta que ahora recibe múltiples llamadas de personas que se hacen pasar por abogados que quieren llevar su caso.

Sin embargo, ella comenta que cuando les hace un seguimiento a esos números se percata que le pertenecen a dueños o trabajadores de funerarias. “Tememos por nuestra integridad. La denuncia que hicimos desveló el negocio turbio que hay detrás”.

La abogada Valeria Mena indicó que es alarmante cómo el ECU 911 estaría jugando con el derecho a la vida. Ella explicó que en este tipo de casos se abre un abanico de posibilidades para demandar a la institución.

Según la jurista, los afectados pueden demandar a la institución por peculado, violación a la intimidad y una reparación por los daños causados. Mena añadió que incluso puede figurar el delito de tráfico de influencias, porque los operadores estarían ‘negociando’ con la información y ellos deciden a quién dársela.

“Por eso hay muchas personas que cuando hay una emergencia se quejan de que una ambulancia no llega a tiempo”.

Rocío Rodríguez vivió algo similar cuando murió su padre en 2015. Él tenía párkinson y el día de su fallecimiento tuvo un ataque. Eran las 11:00. Llamaron al ECU 911 y a los quince minutos tuvieron a seis trabajadores de funerarias golpeándoles la puerta de la casa.

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“Unos preguntaban quiénes eran los familiares, otros estaban con papeles listos para firmar por sus servicios”. Rodríguez recordó que la ambulancia llegó una hora después y los paramédicos confirmaron la muerte de su padre.

Los deudos tuvieron que soportar por cinco horas más la insistencia de los trabajadores, quienes, según ella, se pusieron altaneros y les querían exigir que contraten con su empresa. Años después, al ver la denuncia en redes sociales de los hermanos Alvarado, se dieron cuenta de que no fueron los únicos afectados con esta trama de corrupción.

El investigador social y experto en seguridad, Carlos Coronel, señaló que la filtración de información refleja una falta a la ética del servicio público y enfatizó la necesidad de instaurar una adecuada ingeniería de procesos para detectar este tipo de faltas.

En este caso, para Coronel, se debe tener un claro manual de procesos que indique alcances de la función de cada persona en la institución, además de poseer “acuerdos de confidencialidad y mecanismos de protección de datos”.

Para el experto, existen herramientas para evitar la filtración de datos como softwares que permiten identificar todo el flujo de llamadas entrantes y salientes de un centro de contactos, logrando tener exactitud en cualquier procedimiento fuera de lo previsto; o al menos ubicar el origen de una necesidad de corrección o mejora.

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